Tus dudas — 12 abril 2009

Definitivamente sí. Además del reconocimiento del derecho a decidir en las primeras semanas de gestación, los expertos consideran que el grave conflicto que subyace en la mujer que se enfrenta a la decisión de interrumpir un embarazo no deseado hace innecesario, indebido y desproporcionado el recurso a la pena de prisión como respuesta a dicha decisión.

Ello no significa que el aborto practicado fuera de los supuestos contemplados en la ley sea irrelevante. Sin embargo, se considera que la pena privativa de libertad de la mujer que causa su propio aborto o consiente en que un tercero se lo practique resulta desproporcionado.

De hecho, ya en la regulación vigente la mujer queda menos castigada que el resto de sujetos en el delito de aborto (art. 145.2 CP) e, incluso, exenta de responsabilidad criminal en el aborto cometido por imprudencia (art. 146 CP) o cuando se aplica la circunstancia de estado de necesidad (articulo 20.5ª CP). No cabe invocar que el legislador tenga ningún “deber” constitucional de castigar con prisión de estas conductas para la debida tutela del no nacido.

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