Gabriela Cañas / EL PAIS | ELPAÍS.com

Opiniones — 02 abril 2012

No toca. El aborto no toca. No es ni necesario ni urgente que el Tribunal Constitucional dirima sobre el recurso interpuesto por el Partido Popular y el Gobierno de Navarra contra la ley de plazos —oficialmente bautizada como Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo—. Así lo ha dicho el presidente del Constitucional, Pascual Sala. Ha asegurado, sin más explicaciones, que esta alta institución del Estado organiza su trabajo “de acuerdo con las necesidades y la urgencia del momento” y que hay “otros asuntos de importancia y mucho más antiguos” que resolver antes que la ley de plazos.

Sala podría haber argumentado que trabajar para una ley que está a punto de ser derogada es un trabajo baldío. Aunque discutible, al menos habría sido una razón. También lo habría sido alegar que hay demasiado trabajo en el tribunal, pero tampoco lo ha hecho; quizá porque ello habría vaciado el argumento por el cual ha prometido dirimir cuanto antes sobre la legalidad del partido de la izquierda abertzale Sortu, vetado por el Supremo, de manera que este sepa antes de las elecciones autónomas vascas del próximo año si puede o no participar en ellas.

En este asunto no solo hay una flagrante contradicción. Hay también un sesgo conservador y, por decirlo suavemente, poco sensible hacia los problemas sociales. De otro modo, es difícil de entender que el Constitucional no haya despejado todavía el recurso de anticonstitucionalidad contra la ley de matrimonio homosexual presentado en octubre de 2005, hace ya seis años y medio. También es difícil de entender que la ley de plazos no sea urgente y sí lo sea la legalización de Sortu cuando la izquierda abertzale ha demostrado su pericia en participar en la vida política con distintas siglas. Por lo demás, ambos recursos son igualmente antiguos: el de Sortu se presentó en mayo de 2010 y el de la ley de plazos, en julio de ese mismo año.

Esta decisión del Tribunal Constitucional de aplazar sine die el recurso contra la ley de plazos es, para colmo, un balón de oxígeno para el ministro más reaccionario del Gobierno de Rajoy: Alberto Ruiz-gallardón. El exalcalde de Madrid lidera una contrarreforma de la justicia que incluye anular la ley de plazos y volver al aborto en determinados supuestos. Asegura, faltando a la verdad de los hechos, que el Constitucional ya se ha pronunciado contra esta ley y se permite el lujo de asegurar que su derogación es lo más progresista que hará nunca.

El Tribunal Constitucional tuvo que dirimir en el pasado por dos veces la primera ley del aborto de 1985 y la Ley de Reproducción Asistida de 1989. En ambos casos señaló que los no nacidos no son titulares del derecho fundamental a la vida, pero Gallardón continúa su irritante cruzada mezclando y manipulando conceptos. Dijo en el Congreso que las españolas abortan porque hay una “violencia estructural” que las empuja a ello para evitar, por ejemplo, ser despedidas por embarazo, lo que el ministro no acompaña de una reforma laboral en consecuencia o de políticas natalistas. Esta semana ha insistido en su insultante estrategia afirmando en el Senado que “la libertad de la maternidad es lo que hace auténticamente mujer a la mujer”.

Según este ministro, entonces, las infértiles y las que ya no tienen la regla no son mujeres de verdad. Ya que la ley de plazos está sentenciada y España volverá a ser una excepción en Europa a este respecto, quizá no es mucho pedir que Gallardón se abstenga de hacer comentarios tan hirientes, aunque lo peor es que se le dé alas desde el Constitucional, donde, por cierto, las magistradas, letradas y jefas de departamento son excepción. Pero eso, seguramente, es irrelevante, como lo es que en la cruzada emprendida por Mayor Oreja y otros eurodiputados contra el aborto haya solo hombres.

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