Internacional — 17 abril 2012

La menor tuvo que trasladarse para interrumpir la gestación ya que en Córdoba, provincia en la que vive, un legislador provincial le propuso continuar con el embarazo y exigió una autorización judicial a la maternidad para realizar la intervención

Una menor de 13 años tuvo que viajar a Buenos Aires para realizarse un aborto, producto de una violación, debido a las trabas que encontró en su provincia.

El caso fue denunciado por Claudio Orosz, abogado de una ONG, quien señaló al legislador provincial Aurelio García Elorrio, titular de la asociación “Portal de Belén”, para madres solas, por haber puesto trabas en la decisión familiar de la menor.

Además Orosz declaró que varias personas de la asociación se acercaron a la maternidad a proponerle a miembros de la familia de la víctima que continuara con la gestación y que luego el bebé fuese entregado a una familia sustituta. Inclusive, según explicó Orosza a una radio local, la maternidad llegó a pedir la denuncia del caso.

Debido a la presión recibida, la familia decidió viajar a
Buenos Aires para que la menor se realice la práctica.

El letrado pidió investigar cómo se filtraron los datos de la menor y exigió una sanción para el responsable.

García Elorrio, declaró en el mismo medio local que se enteró del caso al “escuchar por una radio que una menor se había presentado allí”, y que se dirigió al lugar para hablar con la familia de la nena y ofrecerle alojamiento.

Orosz dijo que el Portal de Belén obtuvo el viernes pasado
una medida cautelar del juez civil y comercial Federico Ossola que suspendió el protocolo para abortos no punibles de Córdoba, redactado en sintonía con un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el tema.

La decisión judicial alcanza únicamente a los centros de
salud provinciales y no a la Maternidad Nacional ni al Hospital de Clínicas, hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo.

Por ese motivo algunas organizaciones civiles contrarias a
esta decisión reclamaron que el Estado apele la decisión del juez.

El Ministerio de Salud de Córdoba confirmó que la Provincia apelará la resolución judicial por la cual se suspendió en los hospitales provinciales la aplicación del protocolo provincial en materia de abortos no punibles para el supuesto de violaciones.

La resolución fue dictada el viernes pasado por el juez provincial de primera instancia Federico Ossola, y hace lugar al recurso de amparo interpuesto por la asociación civil Portal de Belén. La presentación de la entidad fue concretada después de que el Ministerio de Salud de la Provincia diera a conocer la resolución con la Guía de Procedimientos para la Atención de Pacientes que soliciten Prácticas de Abortos no Punibles.

El protocolo se enmarca luego del fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia que determina que no son punibles los abortos producto de una violación, con independencia de la capacidad mental de la víctima.

En ese orden, la guía provincial señala que no es necesaria orden judicial ni denuncia judicial o policial de la violación y que, en cambio, se requiere para solicitar el procedimiento una declaración jurada de la mujer sobre el delito.

Según el Portal de Belén, la guía “es un verdadero desatino que permite terminar con la vida de un niño con sólo una declaración jurada que diga que la madre ha sido violada, y sin mediar denuncia al presunto violador”. Sostienen además que el Estado provincial siguió un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación “que no es obligatorio y fue dictado para un caso en particular”.

Desde la organización Católicas por el Derecho a Decidir, la médica Gladys Ponte, declaró: “Estas entidades como Portal de Belén en forma permanente están interponiendo acciones con la finalidad de entorpecer los derechos humanos de las mujeres en materia de salud reproductiva”, consideró Ponte. “Como organización, repudiamos este accionar y la suspensión de la guía, porque es un atropello contra los derechos de las mujeres”, indicó.

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mastrodomenico

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