Internacional — 10 abril 2012

Las mujeres en Chile deberán esperar por lo menos otro año más para que la ultraconservadora clase política analice la posibilidad de legalizar el aborto terapéutico en el país, reclamo mayoritario de la población femenina.

De acuerdo con las leyes chilenas, es el tiempo mínimo establecido para que el tema ocupe nuevamente espacio en la agenda parlamentaria, tras el portazo del Senado el 4 de abril a tres proyectos de despenalización del aborto.

Las mociones presentadas buscaban legalizar la interrupción del embarazo en caso de riesgo vital de la madre, cuando el feto tuviera malformaciones físicas o psíquicas y en caso de violación. Sin embargo, las tres fueron rechazadas por los votos de la derecha chilena.

Se opusieron en pleno los legisladores pertenecientes a los dos partidos de la coalición gobernante (Renovación Nacional y Unión Demócrata Independiente) y finalmente inclinaron la balanza contra las iniciativas los votos de algunos parlamentarios de la opositora Democracia Cristiana.

En el extenso debate el senador socialista Fulvio Rossi, gestor de uno de esos proyectos, subrayó que la mujer chilena quiere ejercer el derecho a decidir, pero no la dejan.

Concordó con él el senador del Partido Por la Democracia Guido Girardi, quien acotó que la legislación existente no se condice con la realidad chilena. Están discriminando a la mujer, remarcó.

Girardi comentó que en Chile hay sectores que viven en la época de las cavernas. Y con posiciones de poder, desafortunadamente, anotó un comentarista de un medio local.

Dramático fue el caso de la chilena Claudia Pizarra, una joven con una enfermedad cancerígena, quien a comienzos del 2011 solicitó se le practicara un aborto al habérsele diagnosticado que el feto nacería sin cerebro.

Claudia, con una neoplasia intraepitelial que luego se desestimó, terminó en definitiva dando a luz por medio de una cesárea a una niña, la cual falleció una hora después del nacimiento.

Camila Maturana, abogada de Corporación Humanas, expresó que resulta intolerable que el Estado chileno responda con la criminalización total del aborto, cuando en definitiva la penalización nunca ha conducido a la reducción de interrupciones de embarazo en el país ni en ninguna parte del mundo.

En Chile se practican entre 100 mil y 150 mil abortos cada año en forma clandestina, según cifras trascendidas a la prensa local. Sin embargo, el conservadurismo de la clase política ha impedido prospere una ley favorable a su legalización.

Para la mujer chilena, el Estado sólo le ofrece como respuesta la criminalización total del aborto, negando cualquier posibilidad de decidir autónomamente en base a sus circunstancias personales y sus propios valores.

El propio gobierno advirtió incluso que si los proyectos a favor del aborto avanzaban en el Congreso, verían como frenarlos. Está el veto presidencial, recordó el vocero de La Moneda, Andrés Chadwick. “Somos pro vida”, argumentó.

A juicio del profesor Gonzalo Bustamante, investigador de la Universidad Adolfo Ibáñez, el debate sobre el aborto en Chile se caracteriza por una desmesurada retórica y “por la inconmensurabilidad de las posiciones que se confrontan”.

En defensa de su legalidad, reflexionó: las tasas de abortos y de muerte materna son mayores en los países donde la interrupción del embarazo no es legal. Estar alarmado por el aborto y no estarlo por la desigualdad económica, la falta de oportunidades y además ser contrario al desarrollo de políticas anticonceptivas, es una contradicción intrínseca.

No podemos seguir siendo ciegos como sociedad ante la creciente realización de abortos clandestinos, practicados especialmente por mujeres de escasos recursos, sin posibilidad de acceder a una atención privada, donde el cambio de nombre en la operación les permite quedar libre de la condena social y de las acciones legales, aseveró.

Chile es de los pocos países en el mundo donde la interrupción del embarazo está penalizada en toda circunstancia.

De hecho, el aborto terapéutico existió en el país desde 1931 hasta 1989, cuando la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990) lo derogó y decretó su total prohibición, lo que se ha mantenido invariable hasta la fecha.

En las últimas dos décadas, diversos organismos internacionales han instado al país suramericano a revisar tal legislación punitiva y a abrir cauce por lo menos a situaciones donde esté en riesgo la vida de la madre, así como frente a embarazos resultados de violación o incesto.

Lo han sugerido el Comité de Derechos Humanos, 2007 y 1999; el Comité de Derechos del Niño, 2007; Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, 2006 y 1999; Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 2004; y Comité contra la Tortura, 2004.

PAÍS CONSERVADOR

La cultura machista afecta todos los ámbitos de la vida social en Chile.

Confrontamos una institucionalidad que, en lo económico, social, político y cultural sustenta el sistema patriarcal y lo promueve desde el Estado, las iglesias y los medios de comunicación, señaló una declaración de la Coordinadora Femenina de Chile a raíz del Día Internacional de la Mujer.

Integran esa colectividad casi un centenar de organizaciones sociales, entre ellas Articulación Feminista por la Libertad, Movimiento pro Emancipación de la Mujer, Observatorio de Equidad de Género, Mujeres Inmigrantes y Programa Palabra de Mujer.

También emblemáticas agrupaciones defensoras de los derechos humanos en Chile como la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos y la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos. Asimismo colectividades sindicales y vecinales, entre otras.

En las últimas décadas, todos los gobiernos han sepultado nuestras demandas históricas, subrayaron en un comunicado público las mujeres chilenas.

¿La salida ante tal crisis de representación y de institucionalidad? La visualizan únicamente en un poder popular constituyente, donde emerja una nueva Constitución, libertaria y garante de los derechos de todas y todos.

Sobre el tema del aborto en particular, la Coordinadora Femenina de Chile enfatizó: “Ya va siendo hora que el Estado asuma su carácter laico, que respete nuestras decisiones sobre continuar o no un embarazo, o con quien formamos familia, y que garantice que esta libertad sea ejercida por todas, en igualdad y sin discriminación”.

A juicio del cientista político Pablo Andrés González, Chile evidentemente está entre los países más conservadores del mundo en cuanto a sus leyes; aunque no así en costumbres. “Batimos el récord de la hipocresía”, afirma.

Lo cierto es que las leyes que prohíben todo aborto niegan a las mujeres la más básica facultad humana de la autodeterminación, coinciden analistas.

La maternidad, resultado de la libre decisión de quien la lleva, puede ser una experiencia maravillosa. A nadie le caben dudas; a las chilenas tampoco.

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mastrodomenico

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