Opiniones — 24 marzo 2014

La interrupción voluntaria del embarazo se incluye dentro de las prestaciones financiadas por el sistema de salud hasta las 12 semanas.

Financiar el aborto es una cosa privada. Esto es lo que se votó el día 9 de febrero de 2014 en Suiza. Una iniciativa popular que fue propuesta por el partido UDC (Unión Democrática del Centro) para “privatizar el aborto”. Más o menos como el anteproyecto de ley que ha propuesto el Partido Popular no hace mucho, la única diferencia es que en Suiza se propuso como una iniciativa popular y no se impuso directamente votándolo en el Congreso de los Diputados como en el caso de España.

Derecho de iniciativa. La iniciativa popular es un derecho único en el mundo para los suizos, permite a los ciudadanos proponer una modificación dela Constitución, una nueva ley o la modificación de una ley ya existente. Para ello, se deben recoger 100.000 firmas en 18 meses para que la proposición pueda ser votada.

En 2002, Suiza aceptó en votación popular (el 72% a favor) una nueva legislación que permitía la interrupción voluntaria del embarazo en las 12 primeras semanas de amenorrea (la ausencia de la menstruación) a petición de la mujer embarazada, y por motivos psico-médicos después de las 12 semanas.

Hoy en día, una mujer suiza puede ir al medico y con el seguro de enfermedad básico -todos tienen la obligación de tener un seguro medico contratado- puede abortar. Con esta iniciativa lo que se pretendía era que no se incluyera dentro de este seguro, sino que si se quería abortar se tenía que pagar aparte. Pues bien, en los resultados del referéndum que se celebró este año, un 70% de la población aproximadamente, votó en contra. Así que se denegó la petición popular y la mujer sigue teniendo esos derechos fundamentales que tenía, la integridad física, la privacidad y la intimidad.

En el caso de España el aborto inducido se legalizó en 2010. Hace tan solo cuatro años.

Al año siguiente, en 2011 y según datos del Ministerio de Sanidad, 118.359 mujeres fueron intervenidas para interrumpir su embarazo, en 2012 fueron 112.390.

Ante el anteproyecto de ley del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, que prohíbe la interrupción voluntaria del embarazo salvo en caso de violación o riesgo para la salud de la madre, ¿qué se supone que tienen que hacer las mujeres que quieren abortar a partir de ahora? ¿Qué será de esa media de 100.000 mujeres al año que no podrán abortar?

Este anteproyecto de ley elimina el supuesto de aborto en caso de malformación del feto y sustituye a la actual legislación que permite abortar libremente hasta la decimocuarta semana de embarazo. Este nuevo anteproyecto tiene un parecido bastante razonable al que había desde 1985 hasta 2010, cuando el aborto era un delito salvo en tres supuestos: violación, anomalía fetal o riesgo para la salud de la madre. Hasta hemos retrocedido más allá del 1985, entonces la anomalía fetal sí que se consideraba un supuesto para poder abortar.

La normativa debe iniciar su tramitación parlamentaria a principios de este verano aunque como ya se ha demostrado, es un texto polémico que no crea ni unanimidad dentro del propio partido que lo ha propuesto.

Pensemos un momento en todas esas mujeres que no pueden, que no quieren, que han tenido problemas, que quieren una vida mejor para su hijo que no la que le espera ahora, que estén sufriendo maltratos o que simplemente tengan problemas personales y ahora no sea el momento. ¿Realmente es necesario debatir en el Congreso la integración física de una mujer? ¿De su futuro? ¿De que si la mujer tiene el niño el Gobierno de España no hará nada y menos para ayudarla a seguir adelante?

El ministro Alberto Ruiz-Gallardón y sus discípulos piensan mucho en el derecho a la vida, ¿pero y en el bienestar que tendría el bebé? ¿Y en el bienestar de la madre? ¿Y en todas esas consecuencias que ello implicaría?

Seamos sinceros, bastante duro es ya tener que enfrentarse a una decisión así, como para que encima la quieran prohibir.

Un artículo de  Judit Vergés para La Vanguardia.

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