Otilia Armiñana Villegas

Opiniones — 16 abril 2013

Aplicar a la generalidad la moral de unos pocos. Esa es la postura tradicional de la Iglesia Católica. Y si no se está de acuerdo, se impone por la fuerza. La de la inquisición en su momento, la del franquismo después la del neoliberalismo nacionalcatólico, ahora.

Ayer el Presidente de la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica, una de las confesiones permitidas en España, país en el que ninguna confesión tiene carácter estatal según establece el art. 16 de su Carta Magna, exigió al Gobierno que devolviese a este país al blanco y negro de nuestros peores recuerdos pidiendo la modificación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo y que legislase para impedir el matrimonio entre personas que así lo deciden.

Exige el Cardenal Rouco Varela que se imponga a toda la sociedad lo que solo forma parte de su peculiar manera de entender las cosas. Alguien habría de aclarar a su ¿eminencia?, ya que parece no entenderlo,  que ni los abortos ni los matrimonios entre personas del mismo sexo son obligatorios, sino que la regulación, tal cual ha sido aceptada por la sociedad española sin mayores problemas, lo único que hace es permitir que quien así lo decida haga uso de su derecho.

Desde el punto de vista de la conferencia Episcopal como “su moral” es mejor que la de los demás, lo que en si mismo es bastante discutible, debe obligarse a acatarla no a los socios de su club, sino a todos los demás.

Veo bien que el Sr. Rouco Varela imponga a sus seguidores las normas que tenga por conveniente, y les sancione con aquellas penas que en su código estén previstas ya sea la excomunión, o el infierno, pero como resulta que su moral es restrictiva de derechos ciudadanos y pretende la modificación legislativa en el país en que vivo, viendo lógico que exija su cumplimiento a sus seguidores, no veo que derecho vigente se arroga para hacerlo extensivo a todos los demás.

Tengo una hija de 16 años y aún recuerdo el miedo que teníamos las jóvenes de esa edad, a quedar embarazadas.

La idea de ese embarazo no deseado, no planificado, imposible de asumir para quienes aún luchábamos por buscar  nuestro lugar en el mundo, nos conducía directas al temor de tener que buscar una “clínica clandestina” que, en el mejor de los casos, y siempre que tuviésemos el dinero suficiente, utilizaría instrumental esterilizado; a ese horror se añadían: los riesgos de expulsión de su carrera y cárcel para los profesionales que se atrevían a ayudar a las mujeres en esa situación,  la posibilidad de ser condenadas, de contraer una infección, de desangrarnos …. todo ello, nos hacía sentir un miedo irracional al embarazo, lo que condicionaba, sin duda, nuestra libertad y por tanto, nuestra vida.

Obviamente, ni se nos pasaba  por la cabeza la idea de poder conseguir el dinero suficiente para abortar en Londres. Nosotras no teníamos esa opción. Aún no.

Recuerdo  a mi profesor de derecho Penal, Don Marino Barbero Santos, abogando, algunos años antes de la primera ley,  por la despenalización del aborto y explicando a un auditorio de jóvenes universitarias de apenas 18 años como se practicaban abortos clandestinos en la pobreza, con agujas de punto y similares materiales (no sé porqué, pero las agujas de punto se me quedaron grabadas en el alma), provocando desgarros irreparables, muertes incluso, de aquellas menos favorecidas económicamente que, saltando todas las trabas, encontraban una esperanza para poder abortar que acababa, en muchas ocasiones, en la esterilidad cuando no en la cárcel o en la tumba.

El 5 de julio de 1985, se despenalizó el aborto en España. Atrás quedaban esos años oscuros … esa ley que inicialmente despenalizaba tres supuestos fue mejorada en 2010 con la ley de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo.

Hace meses el Ministro Gallardón ya amenazó a las mujeres con volver a la regulación de 1985 y por tanto a la posibilidad de que fueran necesarios abortos clandestinos,  con tan absurdas excusas como la supuesta “violencia estructural” que tantas críticas levantó, y en un paso mas en la vuelta a aquellos lejanos años 80 , decía que el aborto “No es un asunto prioritario para el Gobierno y se analizará cuando toque, incluyendo la posibilidad de excluirlo de la cartera básica de servicios.”

Hoy, a raíz de las declaraciones de ayer del Presidente de la Conferencia episcopal, en las que el citado habló del aborto y los matrimonios entre homosexuales pero no de la pobreza o del drama de los desahucios,  el Ministro de Justicia (que falta de precisión en los términos) de España ha decidido al parecer que ya toca y asegura que “muy pronto” cambiará la ley de plazos por una de “indicaciones” en la que hasta el riesgo para la vida de la madre deberá acreditarse. “Será una constatación, no una declaración”.

http://www.publico.es/453763/gallardon-escucha-a-rouco-y-recupera-su-contrarreforma-de-la-ley-del-aborto

Si de verdad no es una cortina de humo para que no hablemos de problemas que están ahí, si es cierto que este gobierno pretende  crear un problema donde no lo hay y quitarnos a las mujeres nuestro derecho a decidir si queremos o no tener descendencia, porque el representante de una confesión religiosa, en un Estado que se define como aconfesional, abogue por su supresión o si por esa  misma causa se elimina la posibilidad de los matrimonios homosexuales, espero de mis representantes políticos que defiendan la bandera de la libertad, que exijan el cumplimiento de la aconfesionalidad del Estado, que se comprometan a impedir con todos los mecanismos a su alcance que se cometa tamaña ignominia.

No podemos permitir que las mujeres tengan que recurrir a las agujas de punto si desgraciadamente  no puedan pagar un aborto en Londres.

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mastrodomenico

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