Andalucia Opiniones — 09 enero 2014

Se sabe poco de la historia de dolor y sufrimiento que la práctica del aborto y la lucha por su salud sexual y reproductiva ha supuesto para las mujeres, provocados por la intransigencia de quienes tratan de convertir sus creencias en obligatorias. Sorprende por ello que, a propósito de la contrarreforma del aborto, se esté oyendo decir desde la derecha que en 2010 Zapatero rompió el consenso de 1985 y que lo que se pretende es restablecerlo. Ese consenso nunca existió, entre otras razones, porque los problemas de las mujeres nunca han formado parte de consenso alguno.

Conocer la historia servirá para aclarar las cosas. Solo quienes se avergüenzan de la que protagonizaron tratan de reescribirla, pero es inútil: hay hemerotecas y diarios de sesiones.

Hasta 1983, cinco años después de aprobada la Constitución, abortar era delito en España. Los anticonceptivos estuvieron prohibidos hasta 1978 y solo desde entonces empezaron a crearse algunos centros de planificación familiar. Lo normal era que las mujeres abortaran, con riesgo de cárcel para ellas y para los profesionales que los practicaban. Ir a Londres no era tan fácil. Solo podía hacerlo una minoría con recursos económicos. La mayoría abortaba, o lo intentaba, por su cuenta, dando lugar a historias tan truculentas como ciertas. Se hacían barbaridades que ponía a las mujeres en riesgo de muerte. Esa era la realidad de España en los años setenta. Las que queríamos poner fin a esta situación hacíamos campañas con eslóganes parecidos a los de ahora: “Nosotras parimos, nosotras decidimos”, “el cuerpo es mío”, “yo mando en mi cuerpo”…

En 1980 la policía irrumpió en un centro de planificación en Sevilla, denominado Los Naranjos, y la prensa conservadora describió así esta acción represiva: “Desarticulada una banda dedicada a realizar prácticas abortivas”. La “banda” era un grupo de profesionales sanitarios que ayudaban a la mujer en el conocimiento y preservación de su sexualidad y salud reproductiva.

Solo cinco meses después de su victoria electoral, el Gobierno del PSOE presentó un proyecto de ley de reforma del Código Penal que procedía a despenalizar los tres conocidos supuestos (indicación médica, eugenésica y ética) a los que se dice querer regresar, aunque con claras restricciones de contenido y procedimiento. Tal vez por esa cierta semejanza con la primera ley socialista se aduce que se quiere volver a ella y se añade, con desfachatez, el deseo de restaurar un consenso roto. Conviene, por esto, recordar que fueron los populares los que impidieron la entrada en vigor de aquella ley durante dos años, porque interpusieron el entonces vigente recurso previo de inconstitucionalidad, que paralizaba la entrada en vigor de las leyes. El primer firmante era Gallardón padre.

Aquel proyecto de ley fue considerado timorato por algunos grupos de la sociedad española, pero donde produjo una furibunda reacción fue en los sectores conservadores, que promovieron contra él manifestaciones de toda índole. Un periódico de derechas publicó una portada, el 6 de noviembre de 1983, haciéndose eco de una de las manifestaciones convocadas y diciendo: “Madrid: un millón de personas a favor de la vida” y en la parte superior de la misma aparecía una fotografía de unos niños con síndrome Down, con una pancarta que rezaba: “Por favor, no nos maten. También tenemos derecho a vivir”. Fraga Iribarne escribió: “Una vida sexual promiscua produce normalmente desequilibrios nerviosos, posibilidad de contagios y graves complicaciones sociales. Una gran parte de la inestabilidad nerviosa y mental de nuestro tiempo tiene su origen en la promiscuidad sexual y en la inestabilidad familiar… La cuestión no puede reducirse a un derecho de la mujer sobre su propio cuerpo. Porque ese cuerpo es ante todo suyo, ciertamente, pero es también un núcleo de responsabilidad social”. ¡Un núcleo de responsabilidad social!

La ley, lejos de encontrar consenso, tuvo también una durísima tramitación parlamentaria. Solo destacaré que ninguna mujer, de las tan solo 22 diputadas que entonces integraban la Cámara, intervino en el debate que, capitaneado por Fraga, fue “cosa de hombres”, como todo entonces.

La Ley Orgánica 9/85, de 5 de junio, incorporó, de conformidad con lo dispuesto por la sentencia 53/85 de 11 de abril del Tribunal Constitucional, la despenalización del aborto en los tres supuestos. Fue un proceso largo y difícil, como también lo fue la puesta en práctica de la ley. Los nombres de las primeras mujeres que abortaron se publicaban en la prensa y tuvimos que seguir debatiendo sobre la diferencia entre delito y pecado y esas cosas en las que aún se empeñan en que sigamos. Lo cierto es que, como suele ocurrir, no se produjeron esas terribles consecuencias de la ley con las que amenazaban, aunque, en la práctica, se constataron situaciones de inseguridad jurídica que hicieron plantearse la reforma de la ley en varias ocasiones. Se intentó introducir hasta tres veces un cuarto supuesto en caso de grave conflicto social o familiar, el llamado supuesto “socioeconómico”. En una ocasión, llegó a haber en el Congreso un triple empate pero, en este caso, según establece el Reglamento de la Cámara, prevaleció la opinión del Gobierno popular, contrario a la reforma.

Hay que hacer un debate más profundo sobre la libertad y los derechos de la mujer. Hoy solo quiero apuntar esa sensación de estar volviendo a un Estado confesional, de recorrer un camino que nos conduce a un pasado tenebroso contra el que solo cabe la rebelión activa y continua para impedirlo y, además, denunciar otra falsificación histórica.

Amparo Rubiales es doctora en Derecho y abogada. Forma parte del Comité Federal del PSOE.

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