Cabecera — 18 febrero 2015

La ley hace de una excepción la norma. Estudios de ACAI confirman que el porcentaje de mujeres de 16 y 17 años que accedieron a una IVE es del 3,60 %; de ellas, tan solo un 12,38%, no pudieron informar a sus padres. Con respecto al total de mujeres que acceden a un aborto, este grupo tan solo representa un 0,44%.

Casi el 90% de las menores informaron y vinieron acompañadas por su tutores a interrumpir su gestación; por lo que podemos afirmar que el PP viene a proteger a unas menores, las que pueden y comunican a sus padres la situación, que ya están protegidas; y viene a poner en riesgo y a ahondar en su desprotección, a las menores que la  actual Ley ampara.

Las razones principales por las que una mujer de 16 y 17 años no comunica a sus padres la situación son: desamparo familiar, familias desestructuradas, progenitores en prisión, riesgo de sufrir malos tratos, mujeres emancipadas que residen en el país sin sus padres, enfermedad paterna/materna invalidante, padres abiertamente contrarios al Aborto Provocado o padres que por voluntad propia renuncian a conocer y a acompañar a la menor.

Madrid, 18 de febrero de 2015. El objetivo principal que dice perseguir el Partido Popular con la presentación de esta Ley: proteger a las menores, según se señala en la norma presentada esta mañana, es la primera circunstancia que se perderá con el cambio; ya que son las menores en desamparo, en riesgo social, procedentes de familias desestructuradas…las que gracias al amparo de la actual Ley consiguen interrumpir su gestación de manera legal y con seguridad médica; no permitírselo las abocará a un aborto clandestino, poniendo en riesgo su integridad.

Haciendo una generalización simplista de la situación de las mujeres jóvenes españolas, el PP presupone, tal y como dice su norma, que entre las facultades del ejercicio de la patria potestad con respecto a las menores está el de “velar por ellos, tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarlos y procurarles una formación integral”; sin advertir que algunas menores no disfrutan de esas circunstancias, es decir menores en dificultad, sin ese amparo familiar, mujeres que también existen y a las que también hay que darles una opción acorde a sus circunstancias vitales.

El Gobierno además falta a la verdad cuando afirma que “la Ley de 2010 impide a los progenitores y tutores cumplir con la obligación recogida en el Código Civil, privando a las menores de la protección…de poder contar…con la asistencia de quienes ejercen su patria potestad”, ya que hace de la excepción (casi el 90% de las menores vienen acompañadas de sus progenitores) una generalidad.

La Ley del 2010 no solo no impide a las menores comunicar a sus padres la situación, sino que exige que estos sean informados salvo en casos muy concretos y particulares en los que: “la menor alegue fundadamente…conflicto grave, manifestando en el peligro cierto de violencia intrafamiliar, amenazas, coacciones, malos tratos, o se produzca una situación de desarraigo o desamparo”, es decir, los casos que habitualmente vemos y tratamos en los centros.

Por tanto el PP viene a proteger a unas menores, las que pueden y comunican a sus padres la situación, que ya están protegidas; y viene a poner en riesgo y a ahondar en su desprotección, a las menores que la Ley actual ampara.

El hecho, de que está proposición de Ley reconozca veladamente la posibilidad de “cualquier tipo de conflicto” y que para su resolución apunte a lo previsto para tales casos en el Código Civil, deja clara la intención de “condenar” a las menores en situación de riesgo a una suerte de periplo jurídico, legal y médico que por nuestra experiencia las menores en dificultades no abordarán, recurriendo por el contrario a soluciones clandestinas.

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