Nacional — 15 enero 2014

Los grupos rechazan el proyecto y piden sin éxito la comparecencia de Gallardón y Mato

Con un enfrentamiento total sin posibilidad aparente del más mínimo acercamiento, se ha producido en el Congreso el primer debate del año sobre la futura ley del aborto, que da la vuelta por completo a la actual legislación de plazos. Todos los grupos parlamentarios han pedido en la Diputación Permanente del Congreso la comparecencia inmediata del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, y de la titular de Sanidad,Ana Mato. A ambos les quieren interrogar sobre el anteproyecto aprobado en Consejo de Ministros sobre la interrupción voluntaria del embarazo, con unos parámetros muy restrictivos y cuya andadura empieza ahora. “A nadie le puede extrañar que cambiemos la ley porque lo dijimos en nuestro programa electoral y antes acudimos al Tribunal Constitucional”, ha dicho la portavoz del PP, Ana Mato. Gallardón sugiere algunos cambios pero “no sustanciales”.

La batalla va en serio, muy en serio. El PSOE e Izquierda Plural se han propuesto alzar su voz en todos los ámbitos posibles para tratar de detener los planes del Gobierno de cambiar la actual ley del aborto que, sobre todo, permite el aborto libre en las primeras 14 semanas de embarazo. La nueva norma, la más restrictiva de la democracia, solo permitirá la interrupción del embarazo en ciertos supuestos, entre los que no está incluida la anomalía fetal, salvo si supone un riesgo para la salud psíquica de la embarazada. La número dos del PSOE, Elena Valenciano, vicesecretaria general de su partido, se ha puesto al frente de la oposición al cambio de la ley con una campaña de denuncia en los ámbitos europeos. En Madrid, en Bruselas, y en la calle, los socialistas tratarán de detener la ley, como ha anunciado Valenciano en su intervención en la Diputación Permanente.

“La derecha española ha estado siempre en contra de la libertad sexual y reproductiva de las mujeres”, ha acusado Valenciano al preguntarse además dónde está la protección a la maternidad del PP. En la ley no se arbitran ayudas ni tampoco información para la prevención de los embarazos. Y, en otro orden de ayudas, Valenciano ha invocado a los más de 200.000 niños que están en el umbral de la pobreza. “Miren ustedes, dejar de ser libre cuando una lo ha sido antes resulta insoportable y las mujeres españolas somos muy sensibles al ruido de las cadenas”, ha enfatizado.

La controversia sobre si abortar es un derecho o no ha estado en este debate al negarlo el PP y al sostenerlo todos los demás. Rosa Díez de UPyD ha desarrollado la tesis de que la interrupción del embarazo no es un tema de un grupo ideológico sino que es “transversal” y afecta por supuesto a las mujeres pero a toda la sociedad. “No tenemos que regular en el Parlamento sobre cuestiones morales o sobre lo que para algunos es pecado, no, tenemos que regular un derecho individual y colectivo”, ha insistido Díez.

Y es un derecho para UPyD, Izquierda Plural, CiU, PNV, BNG, ERC y Amaiur, según han expresado sus portavoces tras la alocución de Valenciano, al frente del primer partido de la oposición. En el turno de CiU han intervenido dos portavoces: Josep Sánchez Llibre por Unió y Pere Macias por Convergencia. El aborto es una cuestión de conciencia por lo que los diputados cuando llegue el momento de votar la ley actuarán como decidan personalmente. Ahora bien, sí votan a favor de la comparecencia de Gallardón y Mato.

Los argumentos irónicos del portavoz de ERC, Joan Tardá han llamado la atención al unir los destinos del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, y del presidente de la Conferencia Episcopal Española, Antonio Rouco Varela. “Los señores Gallardón y Rouco arderán en el infierno porque si para ellos abortar es matar llevan dos años sin mover un dedo y sin cambiar la ley cuando podían haberla derogado al día siguiente de llegar al Gobierno”. Tras este argumento ha achacado al Gobierno la intención de convertir al Estado “en una gran cárcel para meter los derechos, para encarcelar a los obreros díscolos, para encarcelar a los catalanes, ustedes quieren hacer de España una gran cárcel”.

No ha habido una respuesta exhaustiva de la portavoz del PP, quizá porque queda por delante toda una tramitación. Sí ha asegurado que la ley que aprobó el gobierno socialista “es la más radical de toda Europa”. La portavoz socialista, Elena Valenciano, había invocado la ley de plazos que rige en la más de una veintena de países europeos.

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