“Para los hombres, el aborto es una cuestión científica, jurídica, ética; para nosotras, las mujeres, es una cuestión de violencia y sufrimiento. Aunque exigimos la derogación de todas las leyes que castigan el aborto y la creación de estructuras que permitan realizarlo en condiciones óptimas, nos negamos a considerar este problema separadamente de todos nuestros otros problemas, de la sexualidad, la maternidad, la socialización de los hijos, etc.”

No creas tener derechos. Librería de Mujeres de Milán (2004:79)

No voy a repasar la cantidad de prejuicios y clichés que en estos días se están vertiendo desde las filas más conservadoras de la derecha en España planteando la revisión de la Ley del aborto, restringiendo, aún más este derecho.

Tan sólo quiera recordarle al ministro de Justicia Sr. Ruíz Gallardón que desde hace treinta y cinco años las españolas -al igual que los españoles- somos responsables de nuestro actos, somos ciudadanas y, por ello, podemos ejercer el derecho al aborto, aunque todavía no de forma libre, gratuita y accesible, como nos gustaría.

No necesitamos que usted -seguro que con su mejor intención patriarcal- señale que en la revisión de la Ley del aborto se tendrá en cuenta (como mejora) que “nunca será juzgada una mujer por abortar porque no es responsable”.

Perdone, pero nosotras no somos responsables de la violencia de género que sufrimos, tampoco de la que es infringida desde las instituciones. No somos responsables de las violaciones, ni del desempleo, ni de que nos desahucien, ni de vernos obligadas a tener que migrar o a tener una descendencia que no deseamos. Pero eso parece que a usted, a su ministerio y a su gobierno, no les importa.

Por otra parte, sí somos responsables de ejercer nuestros derechos y, entre ellos, está el derecho a abortar.

Hace años que los Derechos Humanos, son también los Derechos de las Humanas. Le recuerdo que entre dichos derechos se encuentra el derecho a la vida, a la integridad física, psíquica, emocional y social, al bienestar y al bienvivir. Y que esto no es una entelequia, no puede ser ejercicio en diferido, ni de vez en cuando.

Estos derechos -como todos- han de ser ejercidos en primera persona y siempre. A no ser que usted considere que las mujeres no somos sujetos socialmente responsables y necesitemos de alguna tutela, por parte del Estado, de “los legisladores”, la Iglesia, o de cualquier otro tipo de patriarcado institucional o personal.

Si fuera así, sepa usted que no está autorizado a hablar en nombre mío. Sepa también que, éticamente, se extralimita usted al hacer un uso sexista, misógino y clasista de su cargo.

Sepa usted que somos muchas, somos millones, las mujeres que desde hace, al menos, trescientos años estamos ensanchando nuestra ciudadanía sin que usted, ni personas como usted se hayan comprometido con nosotras ni con nuestro movimiento.

Sepa usted que los derechos no son concedidos sino conquistados y que ninguna mujer con conciencia de género va a renunciar a sus derechos, ni a su vida, ni a su salud, ni a su estar y existir como sujeto socialmente responsable y como ser humana, aunque usted y los intereses que representa se empeñen en lo contrario

La promoción y defensa del derecho al aborto seguro tiene muchos rostros: las propias mujeres que buscan el servicio, las organizaciones feministas y de derechos sexuales y reproductivos que luchan para cambiar leyes y políticas públicas; los (muy escasos) partidos políticos y dirigentes que se comprometen con los derechos humanos y abogan por cambiar legislaciones que sancionan a las mujeres por el hecho de serlo. Actores y actoras que denuncian, investigan, insisten hasta lo imposible, comprometen su imagen pública… Todos y todas son necesarios en esta causa pero, parafraseando aquel poema de Bertolt Brecht, sólo algunos/as son los/as imprescindibles. Sin los/as profesionales del aborto seguro se desmoronaría todo el edificio sobre el que se fundamenta el ejercicio del derecho a decidir de las mujeres. Y esto lo saben muy bien las organizaciones que se oponen a los derechos sexuales y derechos reproductivos.
Entre sus estrategias contra los derechos humanos de las mujeres, existen dos que adquieren especial importancia: por un lado, el estigma sobre el aborto en sí, la criminalización social de su práctica, la generación de culpa y miedo en las mujeres, la asociación del aborto con palabras negativas como drama, tragedia, muerte y dolor. Su mayor victoria es que quienes a priori defienden el derecho a decidir de las mujeres, utilicen palabras como estas para referirse al aborto, a todas las mujeres que abortan.
La segunda estrategia consiste en promover el estigma sobre quienes ayudan a estas mujeres a abortar, vinculando a estos/as profesionales con el asesinato, con el enriquecimiento ilícito, con la violencia hacia las mujeres, con la búsqueda de intereses privados, alejados del servicio público y de la ética médica. En esta estrategia, quienes brindan aborto seguro son peligrosos miembros de mafias internacionales y el Estado debe perseguirles como a cualquier criminal. O más aún que a cualquier criminal, ya que su crimen se produce contra “los seres más inocentes”.

La estrategia aborda todos los ámbitos de la violencia. La violencia psicológica a la que se ven sometidos/as se manifiesta en la intimidación; el miedo a que se produzca una denuncia en cualquier momento; la incomprensión de familiares y amigos/as; la crueldad de determinados cargos políticos que por un puñado de votos se refieren a ellos/as en términos despectivos o, directamente, humillantes; las situaciones de estrés que provocan los procedimientos médicos; la angustia con la que algunas mujeres acuden a sus servicios; y la contención emocional –que siempre deja huellas- que forma parte de su trabajo diario.

En el ámbito de la violencia social, el estigma; la discriminación laboral y profesional; la exposición pública dirigida al escarnio; las intimidaciones a las puertas de sus domicilios o en sus centros de trabajo en aquellos países en que es legal; la violación de su intimidad ante periodistas con ansia de escándalos; la falta de solidaridad de algunas personas que dicen defender también los derechos humanos de las mujeres, pero que se han dejado embaucar por las estrategias de quienes se oponen a ellos.

Y de la violencia física qué se puede contar… Agresiones, asesinatos, amenazas a familiares, bombas…

A pesar de toda esta violencia sistemática, los/as profesionales/as de servicios de aborto seguro continúan su trabajo. Lo hacen en países en que la práctica es legal y en países en los que pueden perder su licencia profesional e ir a la cárcel durante varios años. Continúan a pesar de la incomprensión que sienten cuando se les confunde intencionadamente con personas sin escrúpulos, ni formación ni interés por los derechos humanos de las mujeres que proveen también este servicio, aunque esta práctica se aleje de cualquier formación ética y científica para proporcionar un aborto en condiciones seguras (¿o acaso no hay personas sin escrúpulos en el resto de prácticas médicas y no por eso se les compara con profesionales que sí lo son?). Los/as profesionales de servicios de aborto seguro continúan a pesar de la dificultad para entrenarse, para ser cada día mejores en su trabajo y ofrecer, así, un mejor servicio a las mujeres.

Estos/as profesionales menospreciados/as, incomprendidos/as, estigmatizados/as son responsables, nada menos, de garantizar que cada año 20 millones de mujeres puedan ejercer su derecho a una maternidad libremente decidida en los países donde el aborto es legal. Y también son responsables de que otras 20 millones de mujeres, en países donde es ilegal el aborto, puedan acceder a un servicio que, aunque clandestino, cumple con estándares de seguridad al ser brindados por profesionales capacitados/as en lugares adecuados. Son responsables de que esas 20 millones de mujeres, a las que sus países condenan, no se mueran o queden con graves lesiones de por vida.

A la luz de esta evidencia, para mí, quienes se dedican a la práctica médica de proporcionar abortos seguros a las mujeres son héroes y heroínas. He tenido la suerte de conocer a profesionales del aborto que trabajan en países en que es legal y, también, he conocido a muchos/as otros/as que deben asumir el riesgo que representa facilitar el acceso a este servicio donde es ilegal. Todos y todas son profesionales comprometidos/as con los derechos de las mujeres, a quienes no solo les preocupa proporcionar un buen servicio de salud, sino ofrecer una atención integral para prevenir los embarazos no deseados. Profesionales que trabajan para que la educación sexual sea una realidad para todos y todas, para que mujeres y hombres tengan la información y el acceso a la gama más alta posible de métodos anticonceptivos modernos, para que en las políticas públicas se garantice la igualdad, para acabar de una vez por todas con ese crimen contra la humanidad que representa la violencia contra las mujeres.

Estos/as son los/as profesionales del aborto que conozco y que, me consta, son la mayoría de los/as que a esto se dedican. Por su compromiso inquebrantable son el objetivo de las organizaciones fundamentalistas y, por eso, el deber básico de quienes promueven y defienden los derechos sexuales y reproductivos es reconocer su trabajo y protegerles de esos ataques. Si estos/as profesionales caen, ¿quién recogerá este testigo? ¿Quién ayudará a las mujeres a ejercer su derecho?

En su Informe Anual de 2010 ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Relatora Especial sobre los Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos afirmaba: “los defensores de los derechos humanos que promueven los derechos sexuales y los derechos en materia de procreación se enfrentan a riesgos entre los que figuran el acoso, la discriminación, la estigmatización, la criminalización y la violencia física. Los profesionales médicos y de la salud que prestan servicios de salud sexual y reproductiva que permiten a las mujeres ejercer sus derechos en materia de procreación forman parte de ese grupo. Por la labor que desarrollan, en algunos países esas personas suelen ser objeto de acoso, intimidación y violencia física. En algunos lugares, esos ataques, perpetrados por agentes no estatales, han dado lugar al asesinato o el intento de asesinato de profesionales médicos.”

Creo que va siendo hora de que la sociedad reconozca a los/as profesionales del aborto como lo que son: defensores y defensoras de los derechos humanos.

Gracias, muchas gracias por su trabajo.

Texto Original: http://papaqueeselaborto.blogspot.com.es/2013/05/gracias-profesionales-del-aborto.html

Con ocasión del Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer, plataformas y asociaciones de mujeres, en las que participamos, convocan a una CONCENTRACIÓN ESTE 28 DE MAYO 2013, frente al Ministerio de Sanidad, Asuntos sociales e Igualdad, (Paseo del Prado, nº 18. Madrid 28014), a las 19. 00h, contra el recorte de los derechos sexuales y reproductivos que contiene la contrarreforma de la Ley del Aborto que promueve el gobierno del PP y para exigir el derecho de todas las mujeres a decidir, incluidas jóvenes y migrantes, la Interrupción voluntaria de embarazo (IVE) fuera del Código penal, y la regulación de la objeción de conciencia.

En su documento titulado “El estado de los derechos humanos en el mundo”, AI afirma que los procesos judiciales en Argentina, Brasil, Guatemala y Uruguay, por violaciones cometidas durante los pasados regímenes militares han supuesto un importante avance.

No obstante, la organización proderechos humanos, con sede en Londres, afirma que en algunos países la situación es difícil, y pone el ejemplo de Haití, donde aún está estancado el proceso judicial contra el expresidente Jean-Claude Duvalier.

La directora del Programa para América de AI, Guadalupe Marengo, dijo a Efe que en la región persisten “problemas crónicos”, pues siguen los ataques a “periodistas, hay violencia contra mujeres y niñas, además de la discriminación hacia los más vulnerables, sobre todo a personas con pocos recursos o los indígenas”.

“La tortura y el maltrato siguen siendo una problemática y no hay una voluntad política de atacarla”, añadió.

Entre otras cosas, AI afirma que hay poblaciones indígenas que aún siguen luchando por sus derechos sobre la tierra, aunque recuerda que en junio del año pasado la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió un dictamen a favor de los indígenas Sarayaku en Ecuador.

La prohibición del aborto

Para AI, la violencia contra mujeres y niñas continúa siendo un problema, y en muchas naciones se les niega el aborto.

En países como Chile, El Salvador, Nicaragua y República Dominicana, mujeres y niñas que quedaron embarazadas tras ser violadas no tuvieron acceso al aborto, aun en casos en los que sus vidas corrían peligro si continuaban con la gestación.

El impacto por denegarles el aborto ha sido particularmente grave entre niñas y mujeres de grupos desfavorecidos, señala Amnistía.

En este sentido, Marengo dijo que AI tiene actualmente una campaña para mejorar los derechos reproductivos de las mujeres y los niños”, y recordó el caso en El Salvador de una mujer embarazada, conocida como Beatriz, que tiene graves problemas de salud, y se retrasa la decisión judicial sobre si puede tener un aborto.

Por otro lado, la organización denuncia que los ataques contra periodistas y defensores de los derechos humanos continúan en algunos países de la región, y recuerda que muchos periodistas sufren un coste personal muy alto por denunciar abusos.

La Policía y las fuerzas de seguridad en varios países han cometido violaciones de los derechos humanos, con detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones forzosas contra sospechosos de actividades delictivas.

Fuente: ElNuevoDiario.com.ni

En su informe sobre los derechos humanos en el mundo en 2012, AI recuerda que el Congreso uruguayo aprobó en octubre una “legislación que permitía a las mujeres someterse legalmente a un aborto durante las 12 primeras semanas de embarazo”, norma que entró en vigor en diciembre y que amplía la despenalización hasta las 14 semanas en caso de violación.

La ley establece que las mujeres deben presentarse ante una comisión, formada por varios expertos médicos, y después someterse a un periodo obligatorio de reflexión de cinco días.

Aunque la organización internacional indica que los grupos pro derechos humanos y de defensa de las mujeres acogieron la ley “con satisfacción” por su mejora respecto a un grave problema en el país, como es el aborto clandestino, también admite su “preocupación” por el hecho de que los requisitos obligatorios sean “obstáculos” para acceder al aborto legal.

AI también expresa su “satisfacción por las recientes medidas adoptadas para mejorar las condiciones de reclusión”, uno de los aspectos más destacados -en el lado negativo- en años anteriores por el informe del organismo. No obstante, continuó resaltando problemas “como el hacinamiento y el deterioro de infraestructuras”.

El informe alude a las medidas para poner fin a la impunidad por los crímenes cometidos durante la dictadura (1973-1985), como “iniciativas para determinar la identidad de las víctimas de desaparición forzada”.

Además, resalta el hecho histórico de que el presidente, José Mujica, reconociera públicamente la responsabilidad del Estado por la desaparición forzada de María Claudia García Iruretagoyena de Gelman y el secuestro de su bebé, Macarena Gelman, ocurridos en 1976, gesto que fue exigido en la sentencia sobre el caso dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2011.

El informe también recoge una de las preocupaciones de la sociedad uruguaya en los últimos tiempos: el aumento de la seguridad pública. En ese ámbito, AI recuerda que la Corte Electoral de ese país anunció en septiembre que tiene las firmas suficientes para exigir la celebración de un referéndum que permita reformar la Constitución y reducir de 18 a 16 años la edad de imputabilidad penal. EFE

La Plataforma “Decidir nos hace libres” presentó una campaña en la que responde a la pregunta

“¿Quiénes son las mujeres que abortan?”- colabora en su difusión. Gracias!

Así lo contaron algunos medios 

• http://www.elplural.com/2013/05/22/que-gallardon-deje-de-dar-lecciones-sobre-el-derecho-a-la-vida-a-las-mujeres-que-damos-la-vida/
•  http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/05/22/actualidad/1369220841_441676.html
•  http://www.elmundo.es/elmundo/2013/05/22/espana/1369225809.html?a=27bdb73c37d2079554598e37bd88048e&t=1369241076&numero=
•  http://www.nuevatribuna.es/articulo/sociedad/-no-hay-democracia-sin-la-capacidad-de-decidir-de-las-mujeres/20130522144510092467.html
• http://www.europapress.es/sociedad/noticia-valenciano-reforma-gallardon-estoy-convencida-podemos-pararlo-20130522141113.html
• http://www.eldiario.es/sociedad/Aborto-legal-morir_0_135087076.html
• http://www.cadenaser.com/sociedad/video/aborto-_gallardon-_ley_organica_de_salud_sexual_y_reproductiva_y_de_interrupcion_voluntaria_del_embarazo-_embarazo-_mujeres-quienes-mujeres-abortan/csrcsrpor/20130522csrcsrsoc_1/Ves
• http://www.publico.es/455823/quienes-son-las-mujeres-que-abortan
• http://amecopress.net/spip.php?article9639

Desde que el PP llegó al gobierno, se nos ha amenazado con cambiar las condiciones para el IVE en menores, con negarnos el derecho a la libertad de decidir sobre nuestro cuerpo reconocido por las instituciones internacionales, y con tener que continuar un embarazo a pesar de malformaciones graves en el feto o incluso incompatibles con la vida, sin tener en cuenta las consecuencias físicas, psicológicas, y por que no, económicas, que ello pueda tener para la mujer y el neonato. Además, se ha comparado un acto en libertad con el terrorismo, y se han falseado datos para justificar que el aborto es “cosa de analfabetas”.

El Gobierno está atacando a todas las mujeres, tachándonos de criminales, de analfabetas, de seres dependientes sin capacidad de decisión que necesitan ser “protegidas y cuidadas”. Y ahora, dando una vuelta de tuerca más, nos salen con la lindeza de que hay divisiones en el partido del PP, y digo yo: ¿divisiones para qué? Para que ellos sigan decidiendo cuándo, cómo y en qué condiciones las mujeres pueden “decidir” sobre sus propias vidas.

Dejen de decir tantas mentiras, y reconozcan que las mujeres no les importamos, pretenden utilizarnos como mera moneda de cambio con el último fin de controlar y someter las vidas de todas las mujeres, quitándonos cualquier potestad sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas.

Ataques y montaje contra la clínica Isadora

El Día de los Inocentes de 2006, la clínica Isadora de Madrid amanecía con varios ventanales rotos y las paredes de su fachada pintadas con la palabra “asesinos”. Este acoso fue seguido de una operación de la Guardia Civil en febrero de 2007 por supuestos abortos ilegales. El juez que instruyó el caso consideró que la Guardia Civil “manipuló la realidad”.

Agresión física a Victoria Virtudes en 2007

Victoria Virtudes, experta en salud sexual y reproductiva, feminista y defensora de la despenalización del aborto, fue agredida físicamente en noviembre de 2007 a las puertas de su domicilio. Además, sufrió agresiones verbales y amenazas de muerte por su trabajo en la Clínica CB Medical, que fue cerrada por la Comunidad de Madrid.

Ataque a la clínica Dator en 2008

El ataque a centros de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI) se recrudeció en 2008 en Madrid. El 26 de diciembre varios encapuchados apedrearon la cristalera de la clínica Dator de Madrid. Días antes, un médico y dos enfermeras habían sido agredidas a la salida del centro.

2009: el año más duro de ataques y acosos

La ACAI se plantó en julio de 2009 contra el acoso al que estuvieron sometidas las clínicas autorizadas para la interrupción del embarazo y al intento de agresión con una barra de hierro a un asistente social en Castellón. Fue un paro de un día que replicaba la semana y media de huelga que tuvo lugar en 2007 contra la pasividad de las autoridades.

Más http://www.diagonalperiodico.net/libertades/gallardon-cede-la-presion-rouco-varela-para-penalizar-aborto.html

Santiago Barambio 13 MAY 2013 – 18:30 CET

Siempre se ha dicho que el peor gobernante es aquel que legisla de espaldas a la realidad, porque la realidad no conoce de signos políticos, ni de moral, ni de principios religiosos. La realidad es simplemente real y eminentemente tozuda. La realidad del aborto también es persistente, y puede ocurrir que el legislador opte por visibilizar esa realidad y dar a las 118.359 mujeres que abortaron en nuestro país en 2011 una solución legal como hasta ahora; o que por el contrario, trate de invisibilizar la decisión de esas mujeres a través de una ley restrictiva. A estas alturas, un Gobierno debería saber que la ocultación solo es sinónimo de dejar de ver, de tapar; debería saber que tras la espesa cortina de esa hipocresía social, a la que tan adictos son algunos/as de nuestros/as legisladores, existen 118.359 mujeres que buscarán una salida clandestina, ilegal, arriesgada o segura en otro país más avanzado en la defensa de los derechos sexuales y reproductivos de sus mujeres, mientras que España se irá alejando cada vez más del espíritu que animó la redacción de la actual norma.

El Ministerio de Sanidad dio a conocer en su informe del año 2011 que 106.026 mujeres abortaron por voluntad propia en nuestro país durante ese año. Los estudios de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la IVE han evidenciado que 66.107 de esas mujeres abortarían aunque sus circunstancias económicas, laborales o afectivas fuesen diferentes, porque la decisión de interrumpir su embarazo es una decisión íntima y personal. Y ninguna ley les va a hacer cambiar de parecer, por muy arriesgada que sea la decisión que tomen. Negar este hecho es no querer ver.

Ese no querer ver se agudiza cuando la realidad a observar es la de las menores que no han podido comunicar a sus padres la situación gestacional y su decisión de abortar. Y se agudiza porque la coyuntura de esas mujeres de 16 y 17 años culpabiliza a unos/as legisladores/as que no han sido capaces de paliar el día a día de una menor en una familia desestructurada, de solucionar la incierta situación de una inmigrante emancipada, la violación en el seno familiar. ¿Cómo buscar el apoyo de unos progenitores con patologías psiquiátricas invalidantes?, ¿o el de aquellos/as que cumplen pena de prisión? ¿No les parece “violencia” la de aquellos padres que obligan a sus hijas a ser madres en contra de su voluntad? Los/as profesionales de ACAI no podemos abstraernos de las vidas de esas 485 mujeres (el 0’41% del total de mujeres que abortan) no miramos hacia otro lado, no nos agarramos a esa tentación tan recurrente: lo que no se ve no existe. Existen y por mucho que una ley las obligue, no contarán a unos padres inaccesibles o a los que temen, su situación. Bien al contrario buscarán una salida ilegal, clandestina y encubierta. Y como personas que tratamos diariamente con esas menores preguntamos al legislador: ¿las verá usted cuando un titular de prensa ponga al descubierto las consecuencias, en algunos casos irreparables, de su decisión? ¿O tal vez considere dichas consecuencias como un castigo adecuado a su desobediencia?

3.590 mujeres desearon su embarazo y el diagnóstico de una patología fetal trastoco su deseo. ¿Puede imaginar el legislador como es el duelo de esas mujeres? Nosotros/as sí, por eso no queremos pensar que a ese duelo haya que sumarle la obligación de dar a luz un hijo/a que probablemente requerirá cuidados paliativos de por vida. No, no podemos entender que una norma pueda regular legislativamente el grado de dolor que puede soportar una mujer, su hijo/a y sus familias. Para nosotros/as solo la mujer embarazada puede decidir si puede, si quiere o no enfrentar una maternidad compleja y distinta a la que se planteó. Solo ella puede sopesar si quiere o puede ofrecer un tiempo, una constancia, una dedicación de por vida a su hijo/a. Siendo tan merecedoras de respeto las que siguen adelante como las que renuncian a ello.

No quisiéramos abandonar estas líneas sin señalar que los/as denostados profesionales que realizan los abortos solo hacen posible una decisión tomada por la mujer. Ninguno/a obliga a las mujeres a abortar, no “abducen” a las mujeres para que tomen decisiones contrarias a su voluntad. Se limitan a ayudarlas con un coste personal y profesional alto. Si ellos/as no hubieran creado equipos multidisciplinares de gestión privada en este país, el aborto no sería una práctica sanitaria más ni un derecho posible para la mujer. Tanto es así, que a día de hoy se han convertido en una prolongación del sistema sanitario público a través de conciertos con las distintas administraciones; carece por tanto de sentido que el legislador quiera “excluir” a los expertos/as de los diagnósticos previos a la IVE, dejando la valoración de un supuesto en manos de médicos que aventuramos no formados en aborto provocado, no especializados, no concienciados con la situación de la mujer; y lo que es peor condicionados por el carácter restrictivo de la norma.

Como ya viene siendo habitual en España, su ley, Sr. Ministro, cambiará cuando otro gobierno, con una ideología más coherente con la realidad, llegué al poder. En esta ocasión será para volver a acercarnos a Europa, donde los gobiernos, independientemente de su signo político, no cambian las leyes de aborto. Y todo ello ocurrirá porque la realidad de 118.359 mujeres es tozuda, no entiende de su moral, de su ideología, de sus razones “filiales”, personales, ni de los principios “fundamentalistas” de aquellos que le coaccionan con su cuota electoral.

Santiago Barambio es el presidente de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI)