Nacional — 18 abril 2013

“Me parece que Alberto Ruiz Gallardón es una persona con aspiraciones políticas de sustitución, mas allá de ser ministro y busca el apoyo de la extrema derecha del PP y de la sociedad, por eso quiere reformar la Ley de interrupción del embarazo. Y en cuanto al cardenal Rouco Varela, hay que decir que si la iglesia es tan poco respetuosa con la sociedad civil, en un Estado laico y aconfesional, la sociedad tendría que replantear los acuerdos con la Iglesia”. Cristina Almeida abogada y pionera en la lucha por los derechos de la mujer ha realizado estas declaraciones  a ELPLURAL.COM.

“Alberto Ruiz Gallardón es una persona poco querida por su partido. Por eso está intentando hacerse grato al sector más de extrema derecha del  PP, frente a Esperanza Aguirre,  de la mano del cardenal Rouco Varela con iniciativas como esta reforma de la Ley de interrupción del embarazo”, afirma Cristina Almeida. “En el PP a unos le gustaba y  a otros no, pero en  la extrema derecha no le tenían ningún afecto y preferían como candidata a Esperanza Aguirre que confesionalmente se encuentra  más en línea con esta postura.  Pienso que  a la vista de la ‘retirada’ -que no me creo- de Esperanza Aguirre, Gallardón busca  ganarse a la extrema derecha de su partido y de fuera de él y  está haciendo las cosas que mas le pueden acercar a ese espectro ideológico”.

Recursos peligrosos
¿Por qué no espera el Gobierno a que el Tribunal Constitucional resuelva el recurso presentado por el PP a la Ley reformada en el año 2010? “Tiene miedo a que lo echen para atrás”, explica Almeida.  “Ya  pasó en 1983 cuando otro Ruiz Gallardón, José María, el  padre del actual ministro de Justicia, presentó un recurso previo de constitucionalidad contra la Ley del aborto presentada por el PSOE  y en  abril de 1985 el Tribunal Constitucional lo estimó parcialmente.  “Y lo que ocurrió -dice,- es que se  mejoro la ley de tal manera que  ante el tribunal se había  presentado a estudio una ley de interrupción  del embarazo por supuestos y si en  la Ley del PSOE solo se planteaba como factor que estuviera en riesgo la salud física de la mujer, la sentencia el Constitucional obligó a incluir también la  protección de la salud psíquica. Ahí ganamos las mujeres porque en base al riesgo para la salud psíquica se realizaron el  99 por ciento de las interrupciones, pero claro, en  la sanidad privada”.

El PP acude al Constitucional
“Con el Gobierno de Aznar no se modifica ni cuestiona esta Ley, aunque no era  gente más progresista. Debieron considerar que la legislación  era incluso de menor calado que  la de cualquier país europeo, excepto Irlanda.  Pero en el 2010 el PP recurre la reforma realizada por el Gobierno de Zapatero,  una ley de plazos según la cual, en las 12 primeras semanas se puede interrumpir  el embarazo sin tener que especificar una causa. Era obligatorio que se hiciera en la Seguridad Social y en caso de  objeción se concertaba con clínicas privadas de forma gratuita para la paciente. Se establecía además que las menores de 14 a 16 años no precisban permiso paterno, si tienen graves problemas en decirlo a sus padres”.

¿Por qué tienen tanta prisa?
“Ahora viene el Gobierno del PP con mayoría absoluta y  la Iglesia quiere aprovechar esta mayoría absoluta que significa que nadie se interponga y también la conciencia más reaccionaria del PP quiere  variar la Ley aunque su postura no es compartida por toda la base del  partido  pero sí se asume por la disciplina de voto”, prosigue. “El PP presentó un recurso contra esta Ley igual que lo planteó por el asunto del matrimonio homosexual: ¿Por qué  tienen tanta prisa y la quieren hacer antes de que el Tribunal Constitucional se pronuncie? Porque si los magistrados se pronuncian en contra del recurso, es mucho más grave justificar que siendo una Ley desde el ordenamiento constitucional se varíe.  No las tienen toda consigo. Se trata de plantear cuanto antes la Ley y retirar el recurso para que no se tengan que enfrentar a una posible constitucionalidad de la Ley vigente Mira como la Ley del matrimonio homosexual que también el señor Rouco pide se derogue, de momento no lo están tocando, porque ya la han declarado constitucional”.

Sin poder decidir sobre la salud del hijo
En opinión de Cristina Almeida, la  Ley que está en proyecto es una  vuelta atrás “pero incluso peor que la primera Ley del 83 y la del 85, porque pretende incluso que uno de los supuestos que está en todas las leyes y  países y  que es que haya una grave alteración fetal no sea motivo de interrupción del embarazo. Es un paso atrás de las propias tesis del PP que nunca había cuestionado ese punto.  Y mientras tanto, están cerrando centros de educación especial, eliminan ayudas a deficientes psíquicos… Pasan de las necesidades. No es solo una cuestión de control sobre la decisión de las mujeres, sino una hipocresía personal. Y quieren que las mujeres no solo no tengamos un hijo por decisión propia, sino que no podamos decidir que ese hijo tenga una vida sana”.

La Iglesia no se preocupa por cómo viven los niños
En cuanto a la acción del presidente de la Conferencia Episcopal la paradoja para Almeida “es tanta preocupación por los niños no nacidos y tan poca por los que ya viven, sufriendo condiciones sociales tremendas. E incluso, haciendo la vista gorda antes problemas que han llevado a la ruina  a muchas iglesias en muchos países por  las indemnizaciones que han tenido que abonar a causa de los abusos  sexuales a niños que representantes de esa misma Iglesia tenían a su cargo para educarlos. Parece que les preocupa como nacen y como mueren, pero no como viven”.

Replantear el Concordato
“Sorprende la interferencia tan directa que puede tener un cardenal como Rouco Varela en un momento en que precisamente el  presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, estaba reunido con un Papa que al parecer le había hablado más del desastre de la situación económica y social del país que de estas leyes, que le preocupan tanto cardenal y a la iglesia más reaccionaria. Y que se haya situado de protagonistas de las historia a Ruiz  Gallardón y a Rouco Varela y  se haya suprimido de las páginas de discusión la visita del propio Rajoy al Pontífice”, continúa. Ahora, bien, considero que si  la Iglesia es tan  poco respetuosa con la sociedad civil,  en un Estado laico y aconfesional, la sociedad civil debe replantearse los acuerdos con la iglesia”.

El hazmerreír de Europa
Concluye la abogada con una reflexión: “La iglesia debe saber de sobra que cuando este país era una dictadura confesionalmente católica no se evitó nunca que se practicaran abortos.  El propio Fiscal General del Estado  señor Herrero Tejedor afirmó que  antes de la democracia se habían producido 300.000 abortos, unos a cargo de médicos en el propio país para  ’la gente de bien’ y otros en Londres en viajes organizados y en el peor de los casos los hacían en España en lo que se llamaban ‘las cocinas aborteras’ sin ninguna garantía sanitaria y de las que se sabía por las mujeres que morían en los hospitales desangradas y denunciadas.  Si esa es la sociedad que quiere imponernos el señor Ruiz Gallardón que no nos hable de democracia de la que están haciendo alarde tanto  él como Rouco Varela. Seriamos el hazmerreír de Europa, no solo por las leyes que estamos haciendo, sino por los retrocesos en igualdad que significan estas acciones.

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mastrodomenico

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