Los Anti-Elección — 29 abril 2013

En entrevista con el diario El País, el ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón, no logra definir cuales serán las modificaciones que pretenden hacer  a la ley actual de Derechos Sexuales y Reproductivos e Interrupción Voluntaria del Embarazo, ni argumenta de manera clara cuales son las bases constitucionales -que según dice él- están utilizando para plantear dicha modificación, así como tampoco argumenta cuales son los aspectos que le sirven de base en los informes de la ONU o de la OMS en lo referente con la interrupción del embarazo por malformaciones fetales o riesgos para la salud y la vida de la madre. A continuación os dejamos la entrevista…

Dice que, si tuviera que renunciar a un proyecto de ley en el que creyera, dimitiría. Dice que, por tanto, la ley del aborto que prepara es tan suya como del PP. Y dice que no será un retroceso de 30 años, sino “la ley más avanzada” que ha tenido España. Alberto Ruiz-Gallardón(Madrid, 1958), ministro de Justicia, no parece preocupado por la controversia que esa reforma legislativa pueda provocar. Tampoco se atreve a vaticinar que la ley reducirá el número de abortos; sostiene que la ha impulsado por otras razones: “éticas y constitucionales”.

Pregunta. Con la ley del aborto que prepara, ¿las mujeres que hoy abortan en España podrían seguir haciéndolo o tendrían que irse al extranjero?

Respuesta. Podrían seguir haciéndolo siempre que se adecúen a los supuestos de la ley, igual que con la ley de 1985 [del PSOE].

P. ¿Será como la ley de 1985?

R. La filosofía es la misma: la aplicación de la doctrina del Tribunal Constitucional: un sistema de indicaciones, de supuestos. Se reconoce la protección de los derechos de la mujer y del no nacido. Y cuando el conflicto entre ambos surge, se resuelve en los casos que determine el legislador.

P. ¿Qué diferencia habrá entre su ley y la de 1985?

R. Regularemos algunas… malas aplicaciones, diría yo, de aquella ley. No es una modificación sustancial, sino corregir defectos de aplicación. E incorporaremos, eso sí, el mandato de la ONU para la no discriminación de las personas con discapacidad.

P. Ha dicho que el daño para la madre deberá “acreditarse”. Ahora ya tiene que acreditarse [desde la semana 14ª] y con la ley de 1985 también. ¿Cuál será la diferencia?

R. Estableceremos un sistema que garantice el cumplimiento de lo que estableció la ley de 1985. Cuando presentemos la ley entraremos en los detalles.

P. ¿Cuáles eran las “malas aplicaciones” de la ley de 1985?

R. Vamos a buscar que aquello que preveía esa ley, que, insisto, sustancialmente va a coincidir [con la nueva], se cumpla.

P. ¿Considera una “mala aplicación” el hecho de que los médicos que diagnostican el daño para la mujer trabajen en el mismo centro que luego practica el aborto? ¿Va a cambiar eso?

R. Se debe garantizar la desvinculación absoluta, a la hora de emitir un dictamen, de cualquier tipo de concertación de servicio profesional.

P. ¿Los médicos que autoricen el aborto ya no serán los de las clínicas en las que se practica?

R. Insisto: los aspectos concretos, cuando presentemos la ley.

P. ¿Quién tendrá la última palabra para resolver ese conflicto entre los derechos de la madre y la protección del feto? ¿El médico?

R. En aquellos aspectos de carácter clínico, evidentemente el médico, como en la ley de 1985.

P. Y solo va a haber supuestos de carácter clínico, ¿no?

R. No, hay también la indicación ética [el supuesto de violación]

P. Usted apela a la sentencia del Constitucional de 1985 para justificar su proyecto de ley, pero esa sentencia dijo que el supuesto de malformación fetal es constitucional. ¿Por qué no respeta la sentencia en ese punto?

R. Porque después, en 2008, España suscribió el convenio de la ONU para la protección de los derechos de personas con discapacidad, y tenemos un requerimiento para modificar la ley en ese punto.

P. El convenio no obliga a cambiar la ley, solo hace recomendaciones. ¿Pesa eso más que lo que dijo el Constitucional?

R. No es incompatible. Y son obligaciones, es un convenio internacional.

P. Pues entre las “recomendaciones” de ese convenio, que usted interpreta como obligaciones, está por ejemplo que el Gobierno destine más dinero a la ayuda a la dependencia, y ustedes lo han recortado.

R. El hecho de que, por la crisis, haya unas partidas presupuestarias que disminuyan no significa que podamos legislar en contra de lo convenido con la ONU.

P. ¿Todas las malformaciones fetales van a quedar fuera del supuesto para abortar?

R. Le digo el principio genérico: la discapacidad no puede significar un trato desigual y una merma de derechos. Y esa no discriminación debe aplicarse también a los concebidos y no nacidos.

P. Cuando anunció la eliminación de ese supuesto recibió cartas de médicos especialistas que le explicaban cómo es la vida de personas que nacieron con malformaciones y enfermedades graves. ¿Se siente responsable de las vidas de esos futuros niños y de sus familias, en los casos en los que las madres quieran abortar y no puedan?

R. Recibí también muchas cartas de personas agradeciendo que desapareciese la discriminación por razón de discapacidad en España. Yo estoy profundamente identificado con eso.

P. ¿El aborto seguirá en la cartera de prestaciones de la sanidad pública, financiado por el Estado?

R. No hay modificación en eso.

P. ¿La Conferencia Episcopal le pidió que endurezca la ley?

R. No.

Leer la entrevista completa: http://politica.elpais.com/politica/2013/04/27/actualidad/1367086948_129097.html

 

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