Tania Lezcano Díez | LaHuellaDigital.com

Opiniones — 22 marzo 2012

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, causó polémica con unas declaraciones en las que aseguraba que las mujeres embarazadas se encuentran sometidas muchas veces a una “violencia de género estructural” que les obliga a abortar. La diputada socialista Ángeles Álvarez acusó a Gallardón de pretender satisfacer a los sectores fundamentalistas de España. Estos sectores están integrados en su mayoría por hombres y quieren conseguir relegar de nuevo a la mujer a la casa y la maternidad.

Hace unas semanas se anunció, entre las reformas más importantes del nuevo Gobierno, la del aborto. Se pretende cambiar la legislación para evitar que las jóvenes de entre dieciséis y dieciocho años puedan abortar sin consentimiento paterno. Pero el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, provocó el 7 de marzo en el Congreso una nueva polémica. Se produjo cuando el exalcalde de Madrid profundizó en las razones de la reforma, asegurando que las mujeres embarazadas están sometidas muchas veces a una “violencia de género estructural” por parte de la sociedad, y que es esa presión la que les obliga a abortar. Con este argumento anunció otro aspecto de la ley: el apoyo a las embarazadas, sobre todo inmigrantes, menores y discapacitadas, ante este riesgo de “violencia de género”. En el Parlamento se generó la polémica entre los sectores de izquierda.

Como no puede ser de otra manera, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, apoyó a su compañero, y añadió que existe otro problema: que “los hombres no se responsabilizan” ante un embarazo, que es otro tipo de presión social.

Siempre se han valorado más los derechos de los hombres. Se considera el siglo XXI como el del progreso, pero aún hay amplios sectores sociales que quieren relegar a la mujer a la casa y a los hijos, como hasta hace apenas 37 años. Puede ser cuestionable el principal aspecto de la reforma, que haría obligatorio el consentimiento de los padres. Sin embargo, no hay razones para pensar que se quedará ahí. Esta preocupación ha mostrado la socialista Ángeles Álvarez, a la que respondió Gallardón con otra respuesta polémica: “Vamos a defender el derecho y la dignidad de la mujer con uno de sus valores fundamentales, que es el derecho a la maternidad”. Esta es una razón para pensar que la reforma podría ir más allá, tal vez restringiendo el aborto a los tres supuestos que estipulaba la ley de 1985: en caso de grave peligro para la salud física o psíquica de la embarazada, en caso de violación en las doce primeras semanas, y en caso de malformaciones o graves problemas del feto.

Por otra parte, la diputada socialista Ángeles Álvarez acusó al ministro de llevar a cabo esta reforma para satisfacer a los sectores “fundamentalistas” de España, imponiendo una moral religiosa que ataca los derechos de las mujeres. A lo largo de la historia los hombres han tenido más derechos que las mujeres. Ahora, los sectores religiosos, que son los principales grupos de presión en España, están fundamentalmente integrados por hombres, como la Iglesia, y siempre han visto a la mujer como un mero instrumento reproductivo, sin más función en la vida que la casa y los hijos. El aborto supone un avance en los derechos de las mujeres, en su capacidad de decisión. Gallardón olvidó que el 90% de las jóvenes de entre dieciséis y dieciocho años que abortan tienen confianza con sus padres, que les acompañan durante el proceso. Además, muchas otras mujeres lo hacen ‘motu proprio’ porque no consideran que sea el momento adecuado o por la situación económica en que se encuentran. De todas formas, es difícil conocer las propuestas de los sectores radicales, pues hablan de prevención frente al embarazo no deseado, pero a la vez condenan cualquier método anticonceptivo.

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