Opiniones — 20 enero 2014

La Red Feminista de Derecho Constitucional mediante este escrito manifiesta su oposición al informe sobre el anteproyecto de Ley orgánica de protección del concebido y de los derechos de la mujer embarazada que se presentó en el Consejo de Ministros del pasado día 20 de diciembre de 2013. Las razones por las cuales manifestamos nuestro rotundo rechazo son las siguientes:

1.- Actualmente contamos con una ley en vigor – Ley orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud  sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo que es una ley garantista de los intereses en conflicto en el ámbito de la interrupción voluntaria del embarazo. Garantiza, por una parte, los derechos de las mujeres y de las y los profesionales que intervienen en la interrupción voluntaria del embarazo sin olvidar la ponderación que se requiere – desde la óptica jurídica/constitucional – con respecto al nasciturus como bien jurídico protegido en tanto en cuanto vida en formación.

2.- La actual ley orgánica de 2010, en consonancia con la doctrina del Tribunal Constitucional, combina un sistema de plazos (mayoritario en los países de nuestro entorno europeo) con el de indicaciones.

3.- La actual ley orgánica de 2010 (siendo mejorable) reconoce a las mujeres la efectividad de sus derechos sexuales y reproductivos, es decir, el derecho a decidir sobre sí mismas, su sexualidad y su maternidad, lo que significa, efectivamente, el reconocimiento de las mujeres como sujetos jurídico/políticos y, por tanto, sujetos autónomos con capacidad de decisión.

4.- El Tribunal Constitucional – el máximo intérprete de la Constitución – señaló en su día (STC 53/19851, de 11 de abril) que los únicos derechos afectados en esta materia son los derechos de la mujer embarazada – único sujeto titular de derechos por su condición de persona (véanse los arts. 29 y 30 Cc). Por tanto, no estamos en este caso ante una colisión de derechos – como se indica en el informe del anteproyecto de ley orgánica, que parece desconocer el concepto y titular de sujeto de derechos, sino ante un conflicto entre una serie de derechos fundamentales (de la mujer embarazada) y un bien jurídico protegido (del nasciturus).

Por tanto, y siguiendo con la doctrina del Tribunal Constitucional, cabría precisar que:

El nasciturus en cuanto “momento de desarrollo de la vida misma” es un bien jurídico protegido por el art. 15 CE pero el nasciturus no es titular del derecho a la vida, por lo que su protección no tiene carácter absoluto.

En este sentido, resulta oportuno significar – a tenor de la doctrina del TC – que la dignidad humana de la mujer (art. 10.1 CE) se manifiesta en la autodeterminación consciente en el ámbito del derecho a decidir sobre su maternidad. Dignidad que corresponde al Estado proteger y hacerla efectiva.

5º.- A tenor de lo expuesto, se observa cómo los intereses en conflicto en toda interrupción voluntaria del embarazo son los derechos fundamentales de la mujer (vida, salud y libre desarrollo de la personalidad versus maternidad como opción libre y personal) frente a la vida en formación como bien jurídico protegido. Intereses en conflicto que quedan salvaguardados con un sistema de plazos – en consonancia con la doctrina constitucional – siempre que se garantice la oportuna información previa a la mujer embarazada y hasta un determinado momento (14 semanas en la actual regulación) momento a partir del cual prevalece el interés constitucional de la continuidad de la vida en formación salvo en una serie de supuestos (riesgo grave para la vida o salud de la mujer embarazada, malfomaciones fetales o falta de viabilidad fetal o padecimientos de enfermedades incurables y de especial gravedad).

6.- La regulación recogida en la dicción literal del anteproyecto de Ley orgánica de protección del concebido y de los derechos de la mujer embarazada supone un retroceso de más de 30 años en el reconocimiento de los derechos a las mujeres y en la conceptuación de las mujeres como sujetos jurídico/políticos.

7.- El anteproyecto de ley orgánica desconfía de las decisiones de las mujeres. De ahí que nos haga sujetos heterónomos, esto es, sujetos sobre los que deciden otros. Y de ahí que nos haga sujetos

1 Véanse también las SSTC 212/1996 de 19 de diciembre así como la 116/1999, de 17 de junio. inimputables equiparándonos a menores de edad o a enajenados mentales (véase el art. 145 bis).

8.- El anteproyecto de ley orgánica vuelve a un sistema única y exclusivamente de indicaciones (y/o supuestos) muchísimo más restrictivo que la regulación que estuvo vigente entre 1985 y 2010.

9.- El anteproyecto de ley orgánica elimina el supuesto de interrupción voluntaria del embarazo por anomalías fetales a pesar de que se pueda enmarcar en el riesgo de daño psíquico para la mujer. En este sentido, si la anomalía fetal es ‘incompatible con la vida’ la mujer podrá alegar daño psíquico sin límite temporal para poder interrumpir voluntariamente su embarazo. No obstante, necesitará contar con dos dictámenes médicos, uno sobre la salud de la mujer y otro sobre el feto. Por otra parte, si la anomalía fetal no es incompatible con la vida, la mujer solo podrá alegar daño psíquico hasta la semana 22. Ahora bien, ¿dónde quedan las anomalías fetales que no sean incompatibles con la vida pero que sí sean extremadamente graves e incurables y que se hayan diagnosticado de manera tardía?

10.- El anteproyecto de Ley orgánica somete a la mujer embarazada a un constante peregrinaje en busca de los informes médicos requeridos circunstancia que vulnera su libre determinación de la personalidad y su dignidad humana en la medida en que (de nuevo) son otros (los y las profesionales sanitarios) los que se erigen con capacidad y legitimidad para decidir sobre sí mismas.

11.- El anteproyecto de ley orgánica no tiene en cuenta la decisión de las menores entre 16 y 18 años al exigirles acreditar el consentimiento expreso de ella y el asentimiento de los titulares de la patria potestad, tutor o curador. Y tampoco si la mujer es menor de 16 años o mayor sujeta a tutela cuando además de su manifestación de voluntad se precisa el consentimiento expreso de sus padres o de su tutor. ¿Y qué ocurre en situaciones de conflictos graves intra-familiares y/o de violencia?

12.- El anteproyecto de Ley orgánica añade el Capítulo III bis en el Título I del Libro IV de la LEC integrado por el nuevo art. 768 bis por el que se crea el proceso sobre el consentimiento para la interrupción voluntaria del embarazo de la mujer menor de edad o con la capacidad judicialmente complementada, proceso que somete a las menores a una especie de maltrato institucional en donde su decisión es cuestionada y pre-juzgada lo que redunda en las consideraciones realizadas anteriormente sobre el cuestionamiento que subyace en todo el articulado del anteproyecto de ley orgánica sobre la subjetividad jurídica y política de las mujeres.13.- El Tribunal Constitucional todavía no se ha pronunciado sobre el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Grupo Parlamentario Popular contra la ley orgánica actualmente en vigor, esto es, contra la Ley orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo.

14.- El anteproyecto de Ley orgánica ha sido objeto de contestación y rechazo por una amplia mayoría social: asociaciones de mujeres, asociaciones de clínicas acreditadas, asociaciones de profesionales de la psiquiatría, partidos políticos, sindicatos, asociaciones de jueces (Jueces por la Democracia) tanto a nivel nacional como internacional y de nuestro entorno europeo (Parlamento europeo).

Estas son – sucintamente – las razones por las que desde nuestra asociación nos oponemos a la tramitación del anteproyecto de Ley orgánica de protección del concebido y de los derechos de la mujer embarazada y solicitamos su retirada.

Alicante, 17 de enero, de 2013

Red Feminista de Derecho Constitucional1 de febrero habrá movilizaciones ante embajadas en Roma, Milán y Florencia y en otras ciudades europeas

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