Bélgica

57340797La ley que regula en Bélgica la interrupción voluntaria del embarazo es la Ley de 3 de abril de 1990 relativa a la interrupción del embarazo, que modifica los artículos 348, 350, 351 y 352 del Código Penal y que deroga el artículo 353 del mismo código.

La Ley establece una sistema mixto, de plazos y causal. Así, se despenaliza el aborto:

1º.- Si lo solicita la mujer en situación de angustia (détresse) y se practica antes de que finalice la 12ª semana de gestación y siempre que se practique en buenas condiciones médicas, por un médico, en un centro donde exista un servicio de información que debe proveer a la mujer de información relativa a los derechos, ayudas y ventajas que la legislación concede a las familias, a las madres (solteras o no) y a los hijos, así como sobre las posibilidades existentes de dar al niño en adopción. También se le ofrecerán consejos sobre los medios existentes para resolver los problemas sociales y psíquicos que le cree su situación. La interrupción del embarazo no podrá tener lugar sino 6 días después de la primera consulta médica. La mujer debe ratificar por escrito, el mismo día de la intervención, su voluntad de proceder a la misma.

El médico debe informar a la mujer de los riesgos médicos presentes o futuros derivados de la interrupción del embarazo, de las posibilidades de acogida del nasciturus y de la posibilidad de acudir al personal de ayuda e información citada. Debe asegurarse, asimismo, de la determinación de la mujer a abortar.

2º.- Superado el plazo de 12 semanas, sólo cabe practicar la interrupción voluntaria del embarazo, con las mismas condiciones antes citadas, si:

  • La continuación del embarazo pone en grave peligro la salud de la mujer o
  • Si es seguro que el niño que nacerá portará una enfermedad de particular gravedad y reconocida como incurable en el momento del diagnóstico.

Se requerirá la opinión de dos facultativos.

La propia ley dispone la creación de una Comisión para la evaluación de la aplicación de dicha ley, compuesta de 16 miembros nombrados por el Gobierno a propuesta del Senado, elegidos por su experiencia y conocimientos en la materia (médicos, abogados, profesores universitarios, asistentes sociales…). La Comisión realiza informes de evaluación de la aplicación de la ley y se encarga de supervisar la documentación que envían los médicos que han practicado alguna interrupción del embarazo.

Régimen de la prestación

Las interrupciones de embarazo pueden practicarse bien en hospitales, bien en centros de planificación familiar, siempre que cuenten con los requisitos establecidos en la legislación. El coste de la intervención es sufragado por la seguridad social, siempre que la mujer esté al día en sus cotizaciones.