Canadá

84876405Canadá es uno de los pocos países que carece de una regulación expresa de la interrupción voluntaria del embarazo y que no tiene restricciones legales a su aplicación.

Las mujeres mayores de 12 años pueden acceder al sistema sin necesidad de una autorización paterna ni concurso del padre.

La superación de la criminalización de la interrupción voluntaria del embarazo se produjo en dos etapas. En 1969, se reformó la Sección 287 del Código Penal, que regulaba y criminalizaba la interrupción voluntaria del embarazo, introduciendo la posibilidad de una interrupción voluntaria del embarazo motivada por razones terapéuticas. Un comité terapéutico en cada hospital habría de valor los casos en que sería legalmente posible poner fin a un embarazo cuando hubiese un riesgo para la salud de la madre.

Un movimiento de rechazo a la reforma liderado llevó la ley a los tribunales, logrando que la Corte Suprema de Canadá anulara dicha reforma en 1988 e impusiese el derecho a la vida y la libertad (artículo 7 de la Carta de Derechos de Canadá) como fundamento para la legalización plena de la interrupción voluntaria del embarazo.

Por lo tanto, el sistema canadiense, como es propio en el sistema legal anglosajón, tiene su origen en la jurisprudencia. La sentencia de 1988 fue reforzada con nueva jurisprudencia que progresivamente ha conformado uno de los sistemas más abiertos del mundo occidental: en 1989, la Corte Suprema negó el derecho del padre a evitar la interrupción voluntaria del embarazo, cediendo el derecho de decidir únicamente a la mujer. Dos años después, la Corte Suprema confirmó que el no nacido no tenía condición de persona, por lo que no era sujeto de la Carta de Derechos.

Régimen de la prestación

En principio, el modelo canadiense es público y está financiado por la Seguridad Social, pero ello no garantiza un acceso universal y gratuito al sistema.

La razón principal es que las competencias para su aplicación son provinciales, y que en cada provincia se dan circunstancias diferentes que menoscaban la facilidad de acceso al sistema. Las razones pueden ser meramente geográficas (por la extensión del territorio, las clínicas no pueden cubrir todas las áreas), financieras (no todas las provincias dotan a las clínicas de los mismos medios) e incluso ideológicas, pues algunas provincias gobernadas por conservadores han delimitado deliberadamente la financiación y por extensión el acceso al sistema. Canadá es uno de los pocos países que carece de una regulación expresa de la interrupción voluntaria del embarazo y que no tiene restricciones legales a su aplicación.

Las mujeres mayores de 12 años pueden acceder al sistema sin necesidad de una autorización paterna ni concurso del padre.

La superación de la criminalización de la interrupción voluntaria del embarazo se produjo en dos etapas. En 1969, se reformó la Sección 287 del Código Penal, que regulaba y criminalizaba la interrupción voluntaria del embarazo, introduciendo la posibilidad de una interrupción voluntaria del embarazo motivada por razones terapéuticas. Un comité terapéutico en cada hospital habría de valor los casos en que sería legalmente posible poner fin a un embarazo cuando hubiese un riesgo para la salud de la madre.

Un movimiento de rechazo a la reforma liderado llevó la ley a los tribunales, logrando que la Corte Suprema de Canadá anulara dicha reforma en 1988 e impusiese el derecho a la vida y la libertad (artículo 7 de la Carta de Derechos de Canadá) como fundamento para la legalización plena de la interrupción voluntaria del embarazo.

Por lo tanto, el sistema canadiense, como es propio en el sistema legal anglosajón, tiene su origen en la jurisprudencia. La sentencia de 1988 fue reforzada con nueva jurisprudencia que progresivamente ha conformado uno de los sistemas más abiertos del mundo occidental: en 1989, la Corte Suprema negó el derecho del padre a evitar la interrupción voluntaria del embarazo, cediendo el derecho de decidir únicamente a la mujer. Dos años después, la Corte Suprema confirmó que el no nacido no tenía condición de persona, por lo que no era sujeto de la Carta de Derechos.