Colombia

84553748La despenalización del aborto en Colombia es muy reciente, a raíz de una sentencia de la Corte Constitucional de 2006.

La normativa sobre la interrupción voluntaria del embarazo en Colombia se deriva de la aplicación inmediata de la sentencia de la Corte Constitucional C-355/06 de 10 de mayo de 2006, por la que se modifican los artículos 122 al 124 de la Ley del Código Penal 599/2000 de 24 de julio de dicho año, relativos al aborto, sentencia desarrollada en el Decreto 4444 de 13 de diciembre de 2006.

Hasta dicha sentencia, el aborto estaba penalizado en Colombia con pena de prisión de uno a tres años, pena que era reducida en las tres cuartas partes cuando concurría la causa atenuante de que el embarazo hubiera sido resultado de una “conducta constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, abusivo, de inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentidas.” Además, en los supuestos en que concurriera dicha causa atenunate, el juez podía prescindir de la pena “cuando ella no resulte necesaria en el caso concreto”, elemento que se dejaba a su total discreción.

El fallo de la Corte Constitucional del 10 de mayo de 2006 -sentencia 355/06-, despenalizó parcialmente el aborto y reconoció el derecho de las mujeres al aborto legal y seguro, cuando la interrupción del embarazo se produzca en los siguientes casos:

  • cuando exista peligro para la vida o la salud de la mujer, certificado por un médico;
  • cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida, certificada por un médico;
  • cuando el embarazo sea resultado de una conducta, debidamente denunciada, constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, abusivo, o de inseminación artificial o de transferencia de óvulo fecundado no consentidas, o de incesto.

La despenalización parcial se alcanzó a través de la exigibilidad jurídica, es decir se demandó ante la Corte Constitucional el Código Penal colombiano por no estar ajustado a los derechos de las mujeres. Los argumentos utilizados se basaron en el derecho internacional de los derechos humanos y las recomendaciones que los comités de NNUU habían realizado a Colombia.

Régimen de la prestación

La propia Corte Constitucional en su fallo declaró la aplicabilidad inmediata de la sentencia. No obstante, se promulgó un Decreto del Ministerio de la Protección Social (Decreto 4444 de 13 de diciembre de 2006), que establece los principios básicos para su implementación por el sistema de salud pública:

a/ Los servicios de interrupción voluntaria del embarazo en los casos y condiciones establecidas en la sentencia C-355 de 2006, estarán disponibles en el territorio nacional para todas las mujeres, independientemente de su capacidad de pago y afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud-SGSSS.

b/ Se garantiza que “en ningún caso habrá lugar al cobro de cuotas de recuperación por la prestación de servicios de que trata el presente Decreto para la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda”.