Francia

franciaEl Código de la Salud Pública recoge en el Libro II ( arts. L2211-1 a L2223-2) de su segunda parte la legislación francesa vigente en materia de interrupción voluntaria del embarazo. En su redacción actual, recoge las importantes modificaciones establecidas por la ley 2001-588 de 4 de julio de 2001 que incluía el cambio de límite legal de 10 a 12 semanas de gestación y suavizaba los requisitos para el acceso de menores de edad al aborto, y pequeñas modificaciones incluidas en la ordenanza 2003-850 de 4 de septiembre y la ley 200 7-1786 de 19 de diciembre.

Sólo existe una disposición en el Código Penal. Las demás disposiciones se han extraído de nuestro código de salud pública que regula este asunto.

El aborto es legal en Francia desde 1975, cuando se aprobó la llamada “ley Veil” (Ley 75-17 de 17 de enero) que ya establecía una ley de plazos (entonces el límite se situó en 10 semanas).

La legislación francesa establece el límite de 12 semanas de gestación para que se pueda interrumpir voluntariamente el embarazo, plazo que sólo puede ser superado por causas médicas siempre que dos médicos de un equipo multidisciplinar acrediten o bien que el embarazo pone en grave peligro la vida de la madre o bien que el niño si naciera estaría afectado por una enfermedad de particular gravedad considerada como incurable en el momento del diagnóstico.

Se prevé que toda menor de edad no emancipada que desee interrumpir voluntariamente su embarazo tiene que acudir a una consulta previa con un asesor o consejero de un centro de planificación familiar (para mayores de edad la consulta es optativa). Además deberá contar con el consentimiento de al menos uno de sus padres o de un representante legal, o si deseara mantener el secreto, podrá estar acompañada por un mayor de edad de su elección.

Régimen de la prestación

La interrupción voluntaria del embarazo, que deberá ser practicada en un establecimiento hospitalario y por un médico, se realiza tanto en hospitales públicos como en clínicas privadas. De hecho la ley francesa prevé que todos los gastos sean cubiertos por el Estado en caso de acudirse al sistema de salud pública.

En la práctica, los problemas vienen provocados por el número limitado de equipos médicos dispuestos a realizar este tipo de intervenciones, lo que ha generado importantes listas de espera dentro del sistema público y de hecho obliga a muchas mujeres a acudir a clínicas privadas.