Nacional — 10 julio 2013

Una quincena de presentaciones de anticonceptivos orales saldrá del catálogo de fármacos financiados por la sanidad pública (con receta, el usuario paga solo un porcentaje) a partir del 1 de agosto. Se trata de las píldoras compuestas por drospirenona y etinilestradiol y pertenecen al tipo de las denominadas de tercera generación, de las más modernas de las que se cubrían hasta ahora con dinero público. La medida afecta a fármacos como el Drosianelle, Yasminelle, Dretinelle o Dretine, pertenecientes a de laboratorios como Teva o Bayer. Sanidad ha confirmado la salida de estos anticonceptivos orales y ha asegurado que la iniciativa se debe a la “optimización de recursos”. Una portavoz del ministerio que dirige Ana Mato ha incidido en que estos fármacos no presentan “ninguna ventaja añadida” a los que siguen financiándose.

Los anticonceptivos orales que se continúan cubriendo con receta médica son los llamados de segunda generación, fundamentalmente píldoras compuestas de etinilestradiol y levonogestrel. La salida de estos fármacos preocupa a los expertos. Isabel Serrano, ginecóloga con una amplia trayectoria en planificación familiar y salud sexual y reproductiva, incide en que esta desfinanciación supone una barrera importantísima para el acceso de las mujeres a los métodos anticonceptivos. “No hay argumentos ni economicistas ni en el terreno de lo sanitario que sustenten la medida. No es cierto que haya alternativas terapéuticas similares, los anticonceptivos de tercera generación aportan más beneficios, son más modernas; tienen efecto androgénico que favorece la eliminación de líquidos, por ejemplo. Sacarlos de la financiación y quedarnos solo con las de segunda generación es como volver a los años ochenta”, critica.

Para Serrano, que también es portavoz de la plataforma Decidir Nos Hace Libres, esta decisión es un grave recorte social y sanitario que afecta especialmente a las mujeres; y más aún a las más vulnerables, dice. “Es una noticia pésima que cristaliza, además, la nula acción del Gobierno para la prevención de embarazos no deseados”, apunta. En 2011 se realizaron 118.000 abortos, un 5% más que el año anterior.

Sanidad, sin embargo, niega que la medida tenga más razones que las de “optimización de recursos”. Insiste en que no hay “ninguna razón ideológica” para que estos fármacos hayan salido de la financiación pública. Una portavoz explica que los laboratorios fabricantes no consideraron óptimo el precio mínimo fijado por sanidad para estos anticonceptivos y que no hubo acuerdo para que siguieran en la lista. Algunos de los laboratorios afectados consultados por este periódico prefirieron no hacer valoraciones sobre la exclusión e incidieron en su “colaboración” con las autoridades sanitarias.

Según Serrano, miembro de la Federación de Planificación Familiar Estatal, más de un millón de mujeres pueden estar tomando estos anticonceptivos orales; aunque apunta que es una estimación derivada de varios estudios. “Aproximadamente dos millones de mujeres toman la píldora en España y más de la mitad de ellas pueden estar utilizando estos anticonceptivos orales”, incide.

Las píldoras de tercera generación entraron en el catálogo de Sanidad en 2011, una medida que impulsó el Ejecutivo socialista de José Luis Rodríguez Zapatero como complemento a la ley de salud sexual y reproductiva que entró en vigor en julio de 2010. Además de estos anticonceptivos orales se incluyeron implantes. Estos siguen financiándose, aunque su uso es aún minoritario en España.

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mastrodomenico

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