Asturias Cabecera — 16 noviembre 2013

Que el aborto sigue siendo un asunto sensible quedó patente ayer en la tribuna de invitados de la Junta General del Principado, donde se concentraron una treintena de personas a favor y en contra de lo que iba a votarse: la toma en consideración de la iniciativa legislativa popular (ILP) promovida por el Foro de la Familia para crear una red pública de apoyo a las embarazadas en Asturias. Una región que se sitúa por encima de la media nacional tanto si se atiende a la tasa de abortos juveniles como entre adultas y donde las interrupciones voluntarias del embarazo se han duplicado en los últimos cinco años: en 2007, abortaron 6,42 mujeres por cada mil en edad fértil. Sin embargo, en 2011 y con la crisis ya azotando el país, la tasa se disparó a 13,79, más del doble.

«Ninguna mujer aborta con alegría; todo aborto es una tragedia», reza la exposición de motivos de una iniciativa que finalmente salió adelante con los 23 votos favorables de Foro Asturias, PP y UPyD y con la oposición de PSOE e IU, cuyos 22 parlamentarios resultaron insuficientes para frenarla entre abucheos de la Plataforma Feminista de Asturias, que considera que «atenta contra los derechos reproductivos» de las mujeres asturianas.

La iniciativa, que llegó al Parlamento autonómico con el respaldo de cerca de 24.500 firmas de otros tantos ciudadanos, hace casi cuatro años, «es histórica, ya que es la primera iniciativa legislativa popular que se admite a trámite en la historia del Principado de Asturias», declaró, «absolutamente encantado», Ángel Mario Díaz, presidente del Foro Asturiano de la Familia, al término de la votación.

Dos millones de euros al año

Díaz, que pidió rapidez para que la ley sea aprobada antes de que concluya la legislatura, se felicitó porque, «pese a la oposición del Consejo de Gobierno, ya que el PSOE cifra su coste en dos millones de euros anuales, la ley ya no tiene marcha atrás y servirá para complementar la ley del aborto», ya que «permitirá a las mujeres elegir libremente y con información».

También el presidente nacional de la organización, Benigno Blanco, sostuvo que «su futura aprobación hará que las asturianas cuenten con instrumentos efectivos para poder hacer realidad su derecho a ser madres en libertad contando con el apoyo público necesario para superar cualquier causa de riesgo de exclusión social vinculada a su embarazo y maternidad».

Tanto el diputado de UPyD, Ignacio Prendes, que la rescató entre los asuntos pendientes para el pleno de esta semana, como el PP, que también había anunciado su decisión de hacerlo, y Foro se pronunciaron decididamente de una iniciativa lista para continuar su tramitación parlamentaria.

El Ejecutivo regional se había pronunciado en contra en 2010 al considerar que no había consignación presupuestaria para poder llevar a cabo las prestaciones que reclama y que ya hay medidas establecidas y leyes que garantizan a las mujeres su derecho a la salud sexual y reproductiva y de apoyo a las embarazadas.

Además, advertía de que presenta un «planteamiento antiabortista» y que «persigue limitar el ejercicio» de un «derecho reconocido».

Prendes, en cambio, entiende que no se trata sobre una discusión sobre el aborto. «No es ésa la cuestión del debate», dijo, tras aclarar que su formación respeta los criterios que establece la ley para la interrupción del embarazo, pero que también cree que hay que poner los medios suficientes para que las embarazadas tomen una decisión en libertad.

También la parlamentaria de Foro Esther Landa insistió en ese mismo discurso, ya que, en su opinión, «lo único importante es apoyar la maternidad, el derecho de la mujer a ser madre y a que tenga opciones para elegir con seguridad». Y, por el PP, Emma Ramos, defendió que «en una sociedad desarrollada ninguna mujer puede verse abocada al aborto por falta de apoyo». Y menos, en una región con una pirámide poblacional envejecida.

Del lado de los disidentes, la portavoz de Izquierda Unida, Emilia Vázquez, calificó el texto de «sarta de incongruencias para justificar una contrarreforma de la ley vigente». En su opinión, el documento «trata a las embarazadas como enfermas sin capacidad de decidir», y «adoctrina, porque dice que el destino de la mujer solo es ser madre, y luego ya dirá la vida».

En términos similares se pronunció la diputada socialista Adriana Lastra, que aseveró que, para el PSOE, es un capítulo más «del acoso derecha cavernaria y de la jerarquía eclesiástica que sufren las mujeres» y sus derechos.

A su juicio, el texto presentado «es un rosario de inexactitudes, mentiras y dobles intenciones» y trata a las mujeres embarazadas como menores de edad que no saben tomar decisiones y que necesitan ser tutorizadas».

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