Internacional — 14 abril 2012

La resolución de la bancada de diputados del Frente Amplio en torno a la postergación de las discusiones sobre el proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) abrió un nuevo paréntesis en el análisis de esta polémica norma, que tiene detractores y defensores en todas las tiendas políticas y se ha convertido en un tema que constituye un verdadero corte horizontal en la sociedad uruguaya.

La mencionada legislación ya cuenta con media sanción por parte de la Cámara de Senadores, pero en la Cámara de Diputados la coalición de izquierda aún no ha logrado reunir los votos necesarios para aprobarlo, ya que los legisladores Andrés Lima (Agrupación Humanística) y Víctor Semproni (Espacio 609) han anunciado que no votarán el proyecto.

No obstante, esta semana los integrantes frenteamplistas de la Comisión de Salud Pública de Diputados comenzarán una serie de negociaciones con el diputado Iván Posada (PI) para analizar qué tipo de modificaciones pretende introducir en el proyecto para que su voto se sume a los 48 que ya tiene el FA en la cámara baja.

El aborto clandestino constituye un grave problema tanto en lo relativo a la salud pública como en lo atinente a los derechos humanos. En Uruguay, las condiciones de ilegalidad e inseguridad afecta severamente la vida y la salud de muchas mujeres y sus familias. Un ejemplo claro de ello se produjo en las últimas semanas cuando fallecieron dos mujeres como consecuencia de prácticas abortivas clandestinas.

Pero, a pesar del costo humano y social que esta situación genera, los debates y la investigación científica resultan notablemente insuficientes.

Por un lado se encuentran las organizaciones sociales -fundamentalmente de mujeres- que desde hace muchos años impulsaban la inclusión en la agenda social y política de la problemática del aborto -algo que finalmente lograron- porque consideran que su definición constituye un asunto político que tiene efectos directos en la vida personal y en las relaciones sociales de los uruguayos y las uruguayas.

Por el otro, están quienes se identifican con el pensamiento de la Iglesia Católica y de otras de extracción cristiana, que expresan su ferviente rechazo al proyecto.

Por lo tanto y a la luz de la inquietud y la preocupación que este tema genera en centenares, y por qué no miles de uruguayos, cabría preguntarse si un asunto tan importante como el que nos ocupa -que tiene impulsores y detractores en todos los sectores políticos-, no debería finalmente ser resuelto por todos los ciudadanos del país a través de una consulta popular ya que, más que nada, se trata de un tema de conciencia y no de un asunto político para el que cada uno ha elegido a sus representantes.

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mastrodomenico

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